La Red de Derechos Humanos en Movimiento, coalición de ONG defensoras de DD. HH., emitieron un comunicado en el que denuncian la «instrumentalización de la diversidad» por parte del régimen chavista.
El pronunciamiento surge por las recientes declaraciones de la dictadora Delcy Rodríguez, quien instó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a crear una doctrina que reconozca la «diversidad como derecho humano».
Las ONG calificaron como una «etiqueta vacía» y una estrategia de «marketing político» que busca proyectar una normalidad inexistente, mientras persiste una omisión estructural que condena a la población LGBTI a la indefensión y a la invisibilidad.
Con información de Monitoreamos
Retórica frente a deuda histórica
A pesar del discurso de Rodríguez en el marco del programa «Convivencia Democrática y Paz», las organizaciones recordaron que Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos que afecta especialmente a las minorías sexuales.
Entre las deudas históricas señalaron que han pasado 16 años desde la reforma de la Ley de Registro Civil sin que el CNE permita el cambio de nombre para personas trans, violando su derecho a la identidad de género y condenándolas a una «muerte civil».
También denunciaron la violencia institucional. Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, el 43,18% de los hechos violentos contra esta comunidad en 2024 fueron perpetrados por funcionarios del Estado.
Asimismo, alertaron sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos y el cierre de organizaciones como Venezuela Igualitaria y Venezuela Diversa debido a leyes restrictivas contra las ONG, y la persecución transnacional contra activistas en el exilio.
El comunicado vinculó la falta de garantías para la diversidad con la situación general de derechos humanos en el país, al afirmar que «la lucha por los derechos de la diversidad sexual es inseparable de la defensa de la democracia. Los derechos humanos deben ser garantizados para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación».
En este sentido, citaron el caso de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia fue confirmada tras 15 meses de desaparición forzada. Para la Red de DD. HH., este hecho refleja un «sistema penitenciario cruel» que hace imposible hablar de convivencia democrática mientras persistan las detenciones arbitrarias y el silencio institucional.
«La dignidad humana no es un recurso retórico», sentenció el documento, subrayando que no puede haber avances reales sin el reconocimiento efectivo de los derechos ya contemplados en el Artículo 21 de la Constitución.
Exigencias al Estado
Las organizaciones firmantes, entre las que destacan el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Laboratorio de Paz, Caleidoscopio Humano y Redes Ayuda, exigieron a las autoridades pasar de los discursos a las acciones concretas:
- Investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia y asesinatos de personas trans.
- Libertad plena para todas las personas detenidas por motivos políticos.
- Políticas públicas reales contra la discriminación, incluyendo la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans, contemplado en la ley desde hace más de una década.
