El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que 20 periodistas siguen con medidas cautelares y sin libertad plena, pese haber presentado la solicitud de amnistía ante los tribunales, lo que es considerado un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia.
El Sntp, a través de una nota de prensa, señaló que los lapsos establecidos para decidir sobre la amnistía, que son 15 días de acuerdo con la Ley de Amnistía y ya se encuentran vencidos.
«En distintos tribunales se han reportado irregularidades, entre ellas el extravío de expedientes, la no distribución de solicitudes introducidas a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) y la ausencia de pronunciamientos dentro de los plazos legales», añadió.
La organización sindical también ha documentado situaciones en las que los defensores públicos aseguran a las víctimas que sus casos fueron remitidos a los tribunales y cuando transcurre el lapso correspondiente, «los propios tribunales niegan haberlas recibido».
Con información de EFE / Efecto Cocuyo
El SNTP sostuvo que estas prácticas vulneran de manera directa el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia, y mantienen a periodistas y trabajadores de la prensa en un estado de incertidumbre jurídica, sometidos a medidas cautelares que les impiden ejercer plenamente sus derechos.
La organización hizo un llamado al sistema de justicia a actuar con urgencia, apegados a la ley y al respeto de las garantías del debido proceso, con el objetivo de evitar mayores vulneraciones a derechos y restituir la libertad plena de quienes siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad.
El miércoles, la ONG Foro Penal denunció que algunos tribunales en Venezuela se niegan a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía.
En su cuenta de X, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, calificó esta denuncia como «grave», ya que impide ejercer recursos de apelación.
El martes, la Asamblea Nacional Chavista aprobó extender por 30 días el trabajo de la comisión que supervisa el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, en un proceso que acumula más de 11.400 solicitudes y ha otorgado 8.084 libertades plenas, mientras persisten cuestionamientos sobre su alcance y transparencia.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a presos políticos civiles y militares.
