El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, ha afirmado que el gobierno del presidente José Antonio Kast está trabajando para restablecer relaciones con el régimen venezolano «al menos a nivel consular», mecanismo diplomático que se necesita para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares con vuelos hacia Caracas.
«El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes», señaló Alvarado en el programa Estado Nacional del canal 24 Horas.
Con información de EFE
El jefe de Interior aseguró que desde el Ejecutivo están tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela «sean lo más rápido posible», y que espera que las conversaciones entre ambas administraciones «puedan llegar a buen término».
«En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva», señaló el secretario de Estado.
La falta de relaciones diplomáticas entre ambos Estados impide la conexión aérea directa entre Santiago y Caracas, haciendo imposible la ejecución de expulsiones de inmigrantes irregulares.
El punto se instaló en el debate público luego de que la semana pasada 40 personas indocumentadas fueron expulsadas del país hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, dando continuidad a la política migratoria chilena que comenzó en administraciones anteriores, esta vez sin inmigrantes venezolanos.
De acuerdo a medios locales, hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
El régimen rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en las que se denunció fraude, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión.
Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.
En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El llamado Plan Escudo Fronterizo del líder del Partido Republicano chileno incluye también la aprobación de un proyecto de ley en trámite para tipificar la migración irregular como delito y la puesta en marcha de «incentivos» para que los extranjeros en situación ilegal abandonen Chile de manera «voluntaria».
