El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que las autoridades del Centro Penitenciario Yare III en el estado Miranda, suspendieron sin precio aviso las visitas familiares previstas para este lunes 20 de abril.
La medida se realizaron en medio de rumores sobre un presunto motín ocurrido durante la madrugada, que luego fue confirmado por las autoridades, lo que generó preocupación entre los familiares que se presentaron a las afueras del penal sin recibir información oficial.
A través de un comunicado, la organización señaló que únicamente se permitió el ingreso de paquetería con alimentos y artículos de uso personal, mientras los parientes exigían poder ver a sus allegados.
Con información de El Nacional
Familiares de presos en Yare III exigen información
Testimonios recogidos por el OVP señalaron que hasta el momento no se había recibido información oficial sobre lo ocurrido en horas de la madrugada en Yare III. “Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía dentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, relató un familiar.
Otros asistentes indicaron haber observado el ingreso de unidades y ambulancias al recinto. También señalaron versiones no confirmadas sobre incidentes en los módulos II y IV.
Horas más tarde, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación formal sobre los hechos ocurridos en Yare III, sin ofrecer más detalles.
El organismo designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional, con el objetivo de aclarar la situación y garantizar los derechos de la población privada de libertad.
Denuncia por violación de derechos
El OVP advirtió que la suspensión de visitas sin causa justificada, sumada a la falta de información, constituye una violación a los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización subrayó que la visita familiar es un derecho fundamental para los reclusos y sus allegados, y cuestionó que este tipo de medidas se adopten sin planificación ni comunicación previa.
Asimismo, alertó sobre el impacto económico en los familiares, muchos de los cuales recorren largas distancias, pernoctan en las inmediaciones del penal e invierten recursos limitados para llevar alimentos e insumos básicos que, en numerosos casos, representan el sustento principal de los internos.
El observatorio calificó la situación como una forma de maltrato hacia los familiares, al someterlos a largas esperas bajo el sol y a la incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales.
En ese sentido, exigió a la administración de Delcy Rodríguez ofrecer información veraz y oportuna sobre cualquier eventualidad en los centros de reclusión.
El OVP insistió en que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos tanto de las personas privadas de libertad como de sus familiares, y evitar que continúen situaciones de desinformación que incrementen la tensión en el sistema penitenciario.
