Yosvet de Jesús Lozada Rojas tenía 32 años y llevaba más de cuatro años preso en el Internado Judicial Rodeo III sin haber sido juzgado. Este martes murió bajo custodia del régimen venezolano. El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó su caso y elevó a 22 el número de detenidos fallecidos bajo custodia estatal en los últimos dos meses.
Según el reporte del OVP, Lozada presentaba un cuadro grave de desnutrición que le impedía sostenerse en pie y una pérdida progresiva de la memoria que lo llevaba a no reconocer a sus familiares. Su situación era conocida por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, nunca recibieron respuesta.
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia en la morgue de Bello Monte, donde se priorizó la entrega del cuerpo. «No habrá declaraciones», indicó Torres, quien señaló que Lozada fue detenido en el marco de la Operación Trueno en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.
Cuatro años preso por una operación que dejó víctimas inocentes
Yosvet era oriundo de San Felipe, estado Yaracuy. No tenía perfil público ni antecedentes penales antes de su detención. Fue arrestado el 22 de mayo de 2022 durante la Operación Trueno, un amplio despliegue conjunto de fuerzas de seguridad ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro en varios estados del país, con el objetivo oficial de desarticular a la megabanda Tren del Llano.
En la práctica, según informes de organizaciones como Foro Penal, Defiende Venezuela y el OVP, la operación incluyó allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas arbitrarias, torturas y siembra de pruebas. En Yaracuy, el operativo del 22 de mayo de 2022 resultó en la detención de 23 personas, en su mayoría jóvenes trabajadores y estudiantes sin antecedentes penales, según sus familias. Yosvet era uno de ellos.
Se le imputaron cargos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas. Sus defensores afirman que fue acusado sin pruebas reales. Pasó más de cuatro años en Rodeo III, bajo la jurisdicción de un tribunal antiterrorismo, sin ser juzgado en un plazo razonable y con sus solicitudes de medidas humanitarias ignoradas sistemáticamente.
«La indolencia institucional produce el mismo resultado»
El OVP no midió las palabras al describir lo que ocurrió: «La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado».
La familia y las organizaciones de derechos humanos exigen una investigación inmediata e imparcial sobre las circunstancias de la muerte de Lozada. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Servicios Penitenciarios no han emitido ninguna declaración. Veintidós muertos en dos meses y el régimen sigue sin dar explicaciones.
