Activistas venezolanos de Derechos Humanos han advertido que el régimen avanza en un proyecto de ley que busca incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una maniobra que podría ser un intento de la dictadora Delcy Rodríguez para consolidar su poder tras la caída de Nicolás Maduro.
Este plan contempla el nombramiento controlado desde la Asamblea Nacional Chavista.
«La adecuación de la arquitectura institucional del TSJ se presenta como una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos», dice el proyecto.
Sin embargo, el texto establece que «la designación de los nuevos integrantes y sus respectivos suplentes será competencia soberana de la Asamblea Nacional», un organismo controlado por el mismo régimen y cuya legitimidad está ampliamente cuestionada.
El pasado 04 de mayo, Caryslia Rodríguez fue ratificada como presidenta del TSJ, cargo que ocupa desde enero de 2024. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y sancionada por Estados Unidos y Canadá, Rodríguez avaló los resultados electorales del 28 de julio de 2024, considerados fraudulentos por la comunidad internacional.
Para el exmagistrado Juan Carlos Apitz, la ratificación de Rodríguez es «una simulación de cambio. La justicia sigue siendo la misma, una justicia defectuosa».
Con información de NTN24
Actualmente, ocho magistrados están siendo sustituidos de manera provisional mientras el Comité de Postulaciones Judiciales evalúa candidatos, un proceso que académicos consideran carente de garantías independientes.
Manuel Aguilera, en el programa Club de Prensa, advirtió que Delcy Rodríguez «es una criminal con una trayectoria larga en una dictadura y sabe que tiene unas posibilidades de permanencia».
No obstante, Aguilera señaló que la administración Trump vigila de cerca estos movimientos, considerando que «no es viable el desarrollo de las inversiones extranjeras en Venezuela si no hay una garantía de un poder judicial independiente».
Analistas consultados consideran que el régimen busca un equilibrio entre satisfacer demandas estadounidenses de apertura económica y mantener el control político.
«Si los nuevos magistrados van a seguir, van a continuar el dominio ideológico del TSJ, pues entonces no vamos a tener seguridad jurídica porque no están al servicio ni de la constitución, ni están al servicio del país. Están al servicio de una ideología», señalaron expertos.
La estrategia venezolana recuerda el Acuerdo de Barbados firmado con la administración Biden, cuando el régimen prometió reformas democráticas que finalmente no se materializaron.
Observadores internacionales cuestionan si esta nueva ronda de negociaciones tendrá resultados diferentes, especialmente mientras persisten presos políticos y restricciones a las libertades fundamentales.
