La empresa energética Impsa avanza en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela que podrían añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación en los próximos meses. Así lo confirmó a Reuters el presidente de la compañía, Jorge Salcedo.
El contrato, firmado hace más de una década entre Impsa y la estatal eléctrica venezolana Corpoelec, nunca se ejecutó debido a problemas de pago y sanciones estadounidenses. Los equipos fabricados por Impsa quedaron almacenados en la provincia argentina de Mendoza, respaldados por bancos como la CAF.
Ahora, gracias a una licencia estadounidense otorgada este año, Impsa tramita la firma de un anexo con Corpoelec para la exportación e instalación de turbinas y equipos. El acuerdo permitiría inaugurar dos unidades de generación del proyecto hidroeléctrico Tocoma y rehabilitar tres unidades del proyecto Macagua, ambos en la región sur del estado Bolívar.
«Estamos buscando llegar a un acuerdo definitivo de fases de entrega de estas unidades y de pagos. Estamos 90% ya acordada la parte técnica y financiera», dijo Salcedo.
Con información de Reuters
El historial de un colapso anunciado
Los proyectos Tocoma y Macagua fueron ideados para ampliar la capacidad hidroeléctrica del país, pero sufrieron paralizaciones, retrasos y pérdida de operatividad por problemas de liquidez, mala administración y desinversión. Corpoelec acumuló deudas millonarias con las empresas contratistas, y el caso más notorio fue precisamente el colapso financiero de Impsa, que llevó a la paralización de las obras.
Hoy, con los equipos disponibles e inspeccionados recientemente por funcionarios venezolanos, el acuerdo podría concretar la primera ampliación de capacidad de la red eléctrica venezolana en años, una red que opera actualmente con un déficit crónico que provoca frecuentes cortes y racionamiento.
El avance llega en un momento en que Washington impulsa un plan de reconstrucción energética de 100.000 millones de dólares para Venezuela, y en que el profundo deterioro de la infraestructura eléctrica del país se considera uno de los principales obstáculos para cualquier proceso de recuperación. La semana pasada se aprobó en votación preliminar una reforma de la ley de electricidad venezolana.
