Al menos 49 presos comunes fallecieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, que fue categórico en su diagnóstico: el Estado «incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia».
Del total de fallecidos, 48 eran hombres y una mujer. Cuarenta y siete murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales. Todos padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, con atención médica adecuada, difícilmente habrían sido letales.
«Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud», señaló la organización.
Con información de Efecto Cocuyo
El OVP fue directo sobre lo que el Estado está obligado a hacer: «Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte. Está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose».
La organización exhortó a la Fiscalía a iniciar una investigación «transparente, exhaustiva e imparcial» sobre cada fallecimiento para determinar las responsabilidades correspondientes, y exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la implementación de atención humanitaria por razones de salud en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.
