El régimen volvió a anunciar la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en Venezuela, esta vez como resultado del primer ciclo de conversaciones entre los delegados de Delcy Rodríguez y un grupo de exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015.
Pero el reclamo de las organizaciones de derechos humanos sigue siendo el mismo de siempre: exigir una lista oficial con los nombres de los beneficiarios, algo que quienes administran el poder continúan sin entregar, incluso después de la ola represiva que golpeó al país entre 2024 y 2025.
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, sitúa el origen de esta opacidad mucho más atrás: en su lectura, fue el propio presidente fallecido Hugo Chávez quien normalizó el incumplimiento de la rendición pública de cuentas, una costumbre que se profundizó con Nicolás Maduro y que hoy mantiene Delcy Rodríguez desde la vicepresidencia ejecutiva.
«Desde Provea hemos venido insistiendo a los organismos públicos desde el año 2024, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y en este caso al Ministerio de Servicio Penitenciario para que actualice su página web y de esa manera se le dé información oportuna y pertinente a los familiares de los presos políticos», dijo en entrevista con El Pitazo.
Con información de El Pitazo
Esa misma exigencia la sostiene Justicia, Encuentro y Perdón, otra ONG que centra su trabajo en la defensa de los derechos humanos, particularmente los de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
«Seguimos exigiendo transparencia en la publicación de las listas porque efectivamente se anunció que iban a salir 131 personas y hasta ahora hemos podido verificar la excarcelación de 82. Y en cinco casos estamos corroborando que se trate de casos presos políticos porque no estaban en nuestros registros», expresó Martha Tineo, de esta ONG.
La cifra de 131 excarcelaciones proviene de un comunicado emitido el pasado 14 de agosto por el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Sin embargo, el propio texto oficial deja claro que no se trató de libertad plena, sino del «otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad».
Una verdadera reconciliación debe ir con una libertad plena
Para Tineo, no hay margen de ambigüedad: estas personas fueron detenidas por razones políticas, por disentir o por ser percibidas como disidentes, y eso es justamente lo que ha impedido que sus procesos judiciales sean transparentes. Murillo va más allá y plantea una contradicción de fondo: si el chavismo insiste en hablar de reconciliación y convivencia democrática, lo mínimo exigible era informar con precisión quiénes fueron beneficiados y en qué centros de reclusión permanecían, una responsabilidad que recae tanto en el Ministerio del Servicio Penitenciario, bajo órdenes de Rodríguez, como en el Ministerio Público, encargado de otorgar este tipo de beneficios.
«Si realmente estas excarcelaciones o liberaciones ocurren en el marco de un proceso que apuntaría a una reconciliación, a generar un clima de convivencia y de paz como lo repiten diversos voceros del gobierno interino, estas personas deberían estar recobrando su libertad plena para que puedan reinsertarse de una manera definitiva a la vida pública nacional a la que se le ha negado durante todos los años en los que estuvieron en reclusión, es un encierro arbitrario», destacó.
Murillo no tiene dudas de que se trata de víctimas de procesos judiciales amañados que violaron el Estado de derecho, en un país donde la represión política se extendió hacia otros sectores de la sociedad venezolana y donde ya está comprobado que no hubo juicios justos ni respeto por las garantías judiciales de los excarcelados.
«No hay una justificación legal para que estas personas salgan con medidas cautelares, condicionadas a la presentación cada 15 o 30 días en unos tribunales. Esto además tiene una afectación, como lo hemos registrado en otros informes, y es que aquellas personas que no están en Caracas, cuyas causas están radicadas en otros estados del país, van a tener ahora que trasladarse a la capital», destacó.
El costo de esa medida cautelar recae, otra vez, sobre los mismos presos políticos: muchos perdieron, tras años de encierro, su rol como sostén de hogar, y ahora deberán presentarse en juzgados marcados por el caos y la anarquía, viajar desde otras ciudades del país con los gastos de transporte, alimentación y hospedaje que eso implica, y comparecer una y otra vez ante los mismos jueces que dictaron sus condenas ilegales.
«Así como no existen excusas para que haya desinformación o para que se genere confusión e incertidumbre alrededor de las excarcelaciones, no hay excusas tampoco para justificar que las personas que están siendo excarceladas salgan con medidas cautelares», agregó el coordinador de Provea.
Garantías de no repetición y reparación de víctimas
Para Tineo, la libertad de los presos políticos es solo el primer paso; lo que realmente hace falta es una transformación de fondo del sistema de justicia, que no se limite al Tribunal Supremo, sino que alcance a todos los juzgados del país, especialmente a los tribunales con competencia en terrorismo, convertidos por el chavismo en una herramienta de persecución política, encarcelamiento y condenas injustas contra quienes se oponían al Ejecutivo.
Desde Provea aprovecharon también para responderle al diputado del PSUV, Jorge Arreaza, quien había llamado desde X (antes Twitter) a «no repetir errores» y «crear nuevas formas de convivencia democrática en conjunto».
Para Murillo, ese debate debe arrancar por una autocrítica genuina: reconocer cómo el mismo chavismo que se jactó de haber redactado una Constitución terminó destruyéndola, al punto de encarcelar a personas por el simple hecho de no respaldar a un gobierno señalado por masivas violaciones de derechos humanos.
«Así como lo plantea Jorge Arreaza, es un tema importante a debatir: qué vamos a hacer y cómo vamos a reparar, a diseñar un esquema de reparación que vaya de la mano con la formulación de un sistema de justicia y de Estado de derecho que garantice la no repetición de las masivas violaciones de derechos humanos de este país».
Tineo, por su parte, pidió que la mesa de diálogo entre la AN de 2015 y el chavismo se enfoque en desmontar el aparato represivo del régimen, es decir, en «la anulación de leyes inconstitucionales que han sido usadas para perseguir y encarcelar a disidentes reales o así percibidos, cambios no solo en el Tribunal Supremo de Justicia, sino en todos los tribunales del país y en especial en los tribunales contra el terrorismo que han sido instrumentalizados para condenar injustamente a disidentes».
