No es Caracas quien decide, en última instancia, qué hacer con el dinero del petróleo venezolano, son las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) las que determinan qué compañías y qué operaciones pueden participar legalmente en las actividades petroleras y gasíferas del país. Y parte de ese dinero, el que proviene de ciertas ventas, ni siquiera llega a territorio venezolano: permanece depositado en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, lo explicó sin rodeos: las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y es Estados Unidos quien controla el proceso de desembolso.
La propiedad, eso sí, no cambió sobre el papel: el petróleo y sus ingresos siguen siendo venezolanos. Pero el régimen de Venezuela ya no puede disponer por sí solo de una parte de esos recursos. Esa brecha entre la propiedad formal y la capacidad real de decidir es hoy uno de los rasgos centrales del esquema que acompaña la recuperación petrolera del país.
Que las instituciones venezolanas hayan perdido la capacidad de ofrecer controles confiables puede explicar por qué existe una supervisión excepcional. Lo que no resuelve es de dónde proviene la legitimidad de quien asume esas funciones, ni hasta dónde puede ejercerlas. Si los recursos que siguen siendo venezolanos terminan sujetos a las decisiones de otro Estado, el estándar no debería limitarse a evitar que el dinero se desvíe: debería permitir saber quién decide, con qué mandato, bajo qué criterios y, sobre todo, cuándo termina esa autoridad extraordinaria.
Con información de Revista Mercado
Una supervisión que no es neutral
Esa exigencia se vuelve todavía más urgente porque Estados Unidos no administra estos recursos desde una posición neutral, la propia orden que protege los fondos lo dice sin ambigüedades: el mecanismo también responde a los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Washington. Los intereses estadounidenses y venezolanos pueden coincidir en determinadas decisiones, pero el diseño del sistema no garantiza que siempre lo hagan.
El propio Gobierno estadounidense se ha encargado de explicar qué intereses económicos acompañan esta política. Durante su visita a Caracas el 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó, junto a Delcy Rodríguez, que Estados Unidos trabajaba en nuevas licencias para que empresas ya presentes en el país, y otras que quisieran entrar, pudieran invertir capital, aumentar la producción petrolera, crear empleos y elevar los ingresos por exportaciones. Wright también planteó incrementar la producción venezolana de petróleo, gas natural y electricidad mediante la cooperación entre ambos países.
Estados Unidos, entonces, supervisa parte de la renta petrolera al mismo tiempo que impulsa más inversión, más empresas y mayor producción en el sector que genera esa renta. No hay, necesariamente, una contradicción entre ambos objetivos. Sí hay, en cambio, una concentración de funciones que hace todavía más urgente saber cómo se toman las decisiones y quién puede examinarlas.
La primera prueba de este sistema, sin embargo, no está en los discursos ni en las intenciones declaradas, está en algo mucho más concreto: el rastro del dinero. Cuánto petróleo se vende, cuánto ingresa realmente, dónde queda depositado y qué puede conocer el público sobre el destino posterior de esos recursos.
¿Hasta dónde puede seguirse el dinero del petróleo venezolano?
La cifra, hasta donde se puede calcular, es contundente: más de US$13.000 millones en ingresos procedentes del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense a finales de julio, según cálculos del Financial Times. La magnitud puede estimarse. Lo que no existe, con el mismo nivel de precisión, es una cuenta pública que permita reconstruir cuánto de ese dinero fue efectivamente desembolsado, para qué se autorizó y cuánto permanece todavía bajo control estadounidense.
Esa ausencia de información obligó incluso a analistas externos a reconstruir una parte del flujo por su cuenta, a partir de datos de buques, volúmenes exportados y precios del crudo. Cuando el rastro oficial se corta, hay que seguirlo por otras vías.
Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo circularon casi 100 millones de barriles, valorados en unos US$8.000 millones, sin que existiera un registro público completo de las ventas, los ingresos y el uso posterior de esos fondos.
La información disponible tampoco permite reconciliar fácilmente las distintas etapas del proceso. Vigil recoge que, en abril, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de US$3.000 millones para Venezuela, pero no pudo precisar cuánto dinero permanecía todavía en las cuentas del Tesoro.
Control sin rendición de cuentas
Ahí aparece una diferencia que no es menor: la que separa el control de la rendición de cuentas. Un sistema puede exigir presupuestos, autorizar desembolsos y auditar el gasto posteriormente sin ofrecerle al público la información suficiente para reconstruir cada una de esas decisiones.
En el caso venezolano, esa distancia resulta particularmente incómoda: quien supervisa el dinero puede terminar sabiendo más sobre su recorrido que los propios ciudadanos a quienes ese dinero pertenece. Si la supervisión externa pretende corregir los vicios de opacidad y discrecionalidad que durante años acompañaron el manejo de los recursos públicos venezolanos, reproducir esa misma brecha de información bajo una autoridad distinta deja sin resolver una parte esencial del problema.
Y la opacidad no se agota en el destino final del dinero. También importa, y mucho, cómo se decide quién obtiene acceso, influencia y participación dentro del sistema que ahora lo administra.
