Eliminar el Sistema Patria, esa es la propuesta que están planteando el presidente y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del estado Lara (Sepeel), Julio Marín y Robert Sánchez, respectivamente, quienes alegan que la plataforma, usada como medio para gestionar nóminas y bonos, no ofrece transparencia y viola la convención colectiva.
«Las bonificaciones y pagos ejecutados a través del sistema oficial se realizan sin soportes legales claros en Gaceta Oficial, operando bajo mecanismos selectivos que impiden reclamos justos de los empleados. Es un sistema corrupto», declaró Marín a El Informador.
Con información de El Pitazo
Una plataforma bajo sospecha
A esta petición se suma el diputado a la Asamblea Nacional Chavista, David Uzcátegui, quien sugirió el 18 de agosto que, tras la eliminación del sistema, los sueldos, los bonos y las pensiones sean transferidos directamente a las cuentas bancarias de los ciudadanos.
A través de un comunicado, el parlamentario cuestionó que la acreditación de recursos mediante esa plataforma no sea más que burocracia digital y una intermediación innecesaria que somete a la fuerza laboral, a los educadores y a los pensionados a fallas operativas constantes, además de demoras para acceder a su propio dinero.
Uzcátegui fue más allá y calificó al Sistema Patria como un «mecanismo de confiscación indirecta» que degrada la calidad de vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Y es que cada día de espera tiene un costo real: el tiempo que tardan los venezolanos en retirar sus fondos permite que la inflación que se vive en el país devalúe ese dinero antes de que llegue a sus manos, lo que se traduce en angustia e incertidumbre para miles de beneficiarios.
