Nota de prensa – Reuters
Una investigación mandada por la ONU dijo el miércoles que el aparato de represión de Venezuela permanece en gran medida intacto, a pesar de una reducción de algunos abusos tras la destitución del presidente Nicolás Maduro a principios de este año.
Estados Unidos ha encarcelado a Maduro para que enfrente un juicio por cargos de narcotráfico, pero dejó en gran parte intacto su gobierno del Partido Socialista, para decepción de la oposición venezolana, que afirma que le robaron las elecciones de 2024 y que debería estar en el poder.
En un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión independiente de determinación de los hechos dijo que la captura de Maduro en enero provocó una caída en las detenciones motivadas políticamente a largo plazo y en los abusos relacionados, pero que no representó una ruptura fundamental con años de represión.
“Las medidas de liberalización política adoptadas desde esa fecha siguen siendo parciales, condicionales y reversibles en el mejor de los casos”, dijo la misión, y añadió que un alejamiento de las formas más duras de represión podría no ser “un alejamiento genuino y sostenible”.
La misión de Venezuela ante la ONU en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
El informe, que cubre el período de septiembre del año pasado a julio, describió la intervención de Estados Unidos como una violación del derecho internacional. El gobierno de Maduro había sido ampliamente cuestionado por la oposición y numerosos gobiernos occidentales, incluso por las disputadas elecciones presidenciales de 2024.
Algunos avances
El informe señaló que la presidenta interina Delcy Rodríguez —aliada de Maduro— introdujo medidas que incluyen liberaciones de presos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, un centro de detención asociado durante mucho tiempo con detenciones arbitrarias y tortura.
También indicó que grupos de la sociedad civil y figuras de la oposición habían ganado mayor margen para organizarse y criticar a las autoridades.
Sin embargo, los expertos independientes de la ONU dijeron que altos funcionarios vinculados a la represión del pasado siguen en puestos clave y que las agencias de seguridad, los servicios de inteligencia y las leyes usadas para restringir la disidencia no han sufrido una reforma significativa.
La misión dijo que cientos de personas, incluidos opositores reales o percibidos del gobierno, siguen detenidas de forma arbitraria por razones políticas y continúan enfrentando duras condiciones carcelarias, tortura y malos tratos.
Documentó denuncias de golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros abusos en las prisiones de máxima seguridad El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
El informe también halló vínculos extensos entre el Estado y grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, y afirmó que desempeñaron un papel clave en la intimidación de opositores percibidos, con respaldo político, financiero y logístico de instituciones estatales.
La misión dijo que las autoridades no han avanzado en la rendición de cuentas por abusos pasados y criticó la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Instó al gobierno a liberar a todos los detenidos políticos, investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, reformar las instituciones de seguridad y desmantelar los grupos civiles armados involucrados en violaciones de derechos.
