La trayectoria de Tareck El Aissami, uno de los hombres más influyentes y temidos del oficialismo venezolano, se encuentra hoy reducida a un proceso judicial marcado por el hermetismo, denuncias de torturas, pugnas internas de poder y una reciente alerta sobre su desaparición bajo custodia estatal.
Años después de concentrar las riendas del Ministerio de Interior y Justicia, la vicepresidencia ejecutiva y el Ministerio de Petróleo, El Aissami enfrenta un complejo juicio ante el Tribunal Cuarto de Juicio contra el Terrorismo y la Corrupción, en medio de un escenario que destapa las fracturas más profundas de la administración chavista.
La detención de El Aissami, materializada el 9 de abril de 2024 tras meses de misteriosa desaparición pública posterior a su renuncia como ministro de Petróleo en marzo de 2023, sacudió los cimientos políticos del país. El arresto se produjo en el marco de la denominada trama Pdvsa-Cripto, un esquema de corrupción administrativa y desfalco milmillonario que utilizó operaciones paralelas con criptoactivos y intermediarios opacos para comercializar crudo venezolano al margen de la Tesorería Nacional.
El juicio formal contra El Aissami y más de sesenta imputados comenzó en abril de 2026. Desde sus primeras apariciones públicas en el Palacio de Justicia —donde se le vio con un evidente deterioro físico y en silla de ruedas—, el exjerarca rompió el silencio institucional para denunciar formalmente haber sido víctima de tratos crueles, aislamiento prolongado, coacción física y torturas psicológicas durante su reclusión inicial en Fuerte Tiuna.
Revelaciones y fracturas internas en el juicio
Durante las audiencias preliminares celebradas a mediados de 2026, la defensa de El Aissami y otros coacusados señalaron irregularidades procesales severas, suspensiones consecutivas y recusaciones contra funcionarios del Ministerio Público. Las declaraciones del exministro expusieron públicamente los mecanismos internos de coacción empleados durante los interrogatorios, ventilando disputas intestinas dentro de las altas esferas del poder político venezolano y transformando el banquillo de los acusados en un escenario de retaliaciones cruzadas entre antiguos aliados.
La tensión en torno al caso escaló de manera drástica en septiembre de 2026. Los abogados defensores de El Aissami introdujeron formalmente denuncias ante la opinión pública y los órganos competentes tras cumplirse semanas sin noticias sobre su paradero, alertando que se desconoce su ubicación exacta desde finales de agosto de ese año, tras ser desalojado de sus centros de reclusión habituales.
Organizaciones de derechos humanos y juristas han advertido que esta situación configura un patrón de desaparición forzada bajo custodia del Estado, elevando la incertidumbre sobre su integridad física y obstaculizando el derecho a una defensa técnica transparente.
El caso de Tareck El Aissami simboliza el colapso financiero y moral de la estructura económica que administró los recursos energéticos de Venezuela durante la última década. Mientras el proceso judicial avanza entre diferimientos logísticos y crecientes cuestionamientos sobre las garantías constitucionales, la figura del otrora zar del petróleo venezolano permanece atrapada en los sótanos de un sistema que ayudó a construir y que hoy lo mantiene aislado, juzgado y en paradero desconocido.
lismo venezolano, se encuentra hoy reducida a un proceso judicial marcado por el hermetismo, denuncias de torturas, pugnas internas de poder y una reciente alerta sobre su desaparición bajo custodia estatal.
