A cien días del doble terremoto del 24 de junio, la niñez afectada sigue sin cifras oficiales que la nombren. La ONG Cecodap presentó un análisis en el que advierte que la falta de información oficial representa un «riesgo agravado de protección» para los niños, niñas y adolescentes golpeados por el cataclismo.
«En los primeros días de una emergencia pueden existir registros incompletos, cifras en verificación y variaciones entre fuentes. Sin embargo, la prolongación de esa ausencia ya no es solo una dificultad operativa: impide conocer con suficiente precisión quiénes siguen afectados, dónde están, qué derechos continúan comprometidos y qué respuestas requieren», señala la organización, dedicada a defender y promover los derechos de la población infantil y adolescente en Venezuela.
Con información de Infobae
Un parte que se fue apagando
El régimen de Delcy Rodríguez comenzó ofreciendo un balance diario tras los terremotos. Después, sin mediar explicación, pasó a uno semanal y con menos insumos que el original. Hoy ya acumula más de un mes sin publicar el parte. Y hay un vacío que nunca se llenó: el Ejecutivo jamás ha presentado información desagregada por edades sobre las víctimas, ni detalles sobre la situación que enfrentan los menores de 18 años.
Cecodap apunta que esa ausencia atenta contra la planificación y hace imposible verificar si se ha avanzado en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. «Este riesgo es institucional y transversal. Afecta la capacidad de prevenir violencia, ubicar a familias dispersas, sostener la permanencia escolar, orientar recursos y rendir cuentas», subraya la ONG.
Desarraigo
En su informe, Cecodap recalca que las amenazas siguen en el terreno: «familias dispersas, desplazamientos prolongados, interrupciones educativas, desgaste de cuidadores, afectaciones emocionales, adolescentes que asumen responsabilidades excesivas de cuidado, debilitamiento de redes comunitarias y dificultades para garantizar la continuidad de los casos que requieren protección».
La organización elaboró una base que registra 3.267 casos de menores de edad afectados de alguna manera por los terremotos. En 20 de los 24 estados del país hay niñas, niños y adolescentes damnificados: residían en las siete entidades que registraron los daños más severos y se han visto obligados a dispersarse por todo el territorio nacional.
Más de la mitad de los casos documentados —1.811, es decir 55,4%— corresponde a niñas, niños y adolescentes en desplazamiento interno. «Los casos de desplazamiento interno implican a su vez la detección de un grupo con dinámicas particulares y múltiples derechos vulnerados. Se trata de la niñez y las adolescencias que están acompañadas, pero transitan duelos múltiples: el de algún familiar o cuidador, el del hogar, las rutinas, y el espacio que conformaba parte de su identidad», precisan.
Peligros
Cecodap recuerda que, al inicio de la crisis provocada por el doblete sísmico, se logró «descartar un escenario masivo de niños, niñas y adolescentes abandonados, solos o separados de sus familias en hospitales, campamentos transitorios o espacios públicos». Pero esa contención, advierte, no cierra el problema.
«No obstante, esta capacidad de contención no convierte la separación familiar en un riesgo resuelto. La protección se desplaza hacia casos individuales: niños o adolescentes trasladados entre instituciones, familias que se dispersan, cuidadores que no pueden ser ubicados, necesidades de cuidado alternativo y reunificaciones que requieren verificación. Aunque no se confirmó una separación masiva, persisten riesgos de dificultades de reunificación, institucionalización innecesaria y pérdida de vínculos familiares o comunitarios», acotan.
El peligro de la «nueva normalidad»
La ONG alerta, finalmente, sobre un riesgo que crece con el paso de los meses: que las fallas terminen aceptándose como parte de la cotidianidad. «La precariedad de la vivienda, las dificultades para asistir regularmente a la escuela, la sobrecarga de las familias, la insuficiencia de servicios o la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en una nueva normalidad para la niñez afectada», concluyen.
