Firmó la sentencia sin leerla y hoy pide perdón. La exmagistrada del TSJ Bárbara Gabriela César Siero sumó un nuevo ingrediente a la crisis política en Venezuela al denunciar que fue víctima de presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del máximo ente judicial del país, para inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado y a otros dirigentes políticos. La abogada señaló con nombre y apellido a todos los involucrados en esa coacción.
Hoy pide perdón a Machado y a Venezuela, pero también responsabilizó al régimen venezolano, a funcionarios que ocuparon cargos relacionados con su caso y a integrantes de la Dgcim de cualquier amenaza, persecución o daño contra ella o sus familiares. Además, solicitó protección ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Una firma «bajo coacción»
Entre las sentencias que firmó para inhabilitar a políticos destaca la de Machado, rubricada en 2023 «bajo coacción», después de que la Policía del régimen detuviera a sus dos hermanos y a su cuñada por presunta conspiración. Los tres eran militares en activo y fueron arrestados el 15 de diciembre. Cuatro días más tarde, la magistrada firmó la inhabilitación que impidió a la líder opositora participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Según la denuncia, sus dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, también integrante de la Fuerza Armada, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y utilizados como rehenes para presionarla. Sus familiares fueron vinculados a la llamada Operación Brazalete Blanco. Tras ese caso, la magistrada dejó su cargo.
Omar Mora Tosta, abogado de Vente Venezuela, adelantó que evalúan las consecuencias de una denuncia de esta naturaleza.
«Tiene que investigarse, tiene que llegarse al fondo de este asunto, y nosotros ejecutaremos todas y cada una de las acciones desde el punto de vista legal que tengamos a bien para hacer valer los derechos de María Corina que fueron truncados, si es que esto se establece de esta manera, con esa decisión viciada de nulidad absoluta», afirmó.
El 4 de abril de 2024, la Sala Político-Administrativa, instancia de la que era integrante desde 2014, informó que César Siero ya no era magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y puso fin a tres meses de rumores sobre la situación de la funcionaria. En enero de 2024 se había conocido la detención de sus familiares por su presunta vinculación con tramas conspirativas, y los tres fueron además expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un acto realizado el 23 de enero.
El perfil de una magistrada cuestionada
Conviene recordar quién es la funcionaria. César Siero fue electa magistrada en 2014 y ratificada en abril de 2022 por 12 años más, por decisión del parlamento de mayoría oficialista de 2020, un escenario que le habría asegurado al menos 20 años en el Tribunal Supremo de Justicia, en contradicción con el texto constitucional venezolano.
Es hija del general de brigada Guillermo Enrique César Hary, quien fue director de Servicios Generales del Ministerio de la Defensa bajo los ministros José Luis Prieto, Jorge Luis García Carneiro y Orlando Maniglia. Es oriunda de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, y se graduó de abogada en la Universidad Santa María de Caracas, donde también realizó estudios de postgrado en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. A los 39 años logró lo que muchos abogados no consiguen sino hasta su quinta década: ocupar una de las 32 sillas del Tribunal Supremo.
Según una reseña de Transparencia Venezuela, su elección como magistrada de la Sala Político-Administrativa no sorprendió en predios judiciales, aun cuando jamás ocupó un juzgado relacionado con esa materia: siempre estuvo en la jurisdicción penal y solo se desempeñó durante año y medio como jueza de primera instancia, como consta en su currículum publicado en la web del TSJ.
De manera extraoficial, se atribuye su designación a dos motivos: la influencia de su padre y, sobre todo, su actuación en la demanda que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interpuso a principios de 2014 contra el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, por un artículo que le atribuyó palabras que nunca pronunció. Como jueza del Tribunal 29.º del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la demanda por difamación contra los directivos del diario, a quienes se les dictaron medidas cautelares.
Las órdenes venían de arriba
La exvicepresidenta de la Sala explicó recientemente, en una entrevista con el diario español ABC, cómo y quién ordenaba las sentencias contra los opositores. Acusó directamente a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, hoy presos en Nueva York a la espera de juicio. Según la jurista, hoy en la clandestinidad, ambos eran los principales responsables de fabricar las órdenes superiores con las que los magistrados inhabilitaban a los disidentes o los enviaban a la cárcel y al destierro.
Para el abogado Moisés Gutiérrez, la denuncia confirma algo que el gremio ya sabía: «Era un secreto a voces. Que el Sebin los vigila, que sabe dónde comen, dónde entran, dónde estudian los niños, dónde están los padres, eso se sabía desde hacía muchísimo tiempo. Que no hay separación de poderes, eso se sabía».
En sus confesiones durante la entrevista, que por cierto no la eximen de su responsabilidad, César Siero afirma que los otros tres magistrados de la Sala firmaron la sentencia sin ninguna presión; solo ella fue coaccionada. Asegura que nunca le permitieron leer la sentencia contra Machado y que solo la obligaron a firmarla, por lo que desconoce el fallo, ya que no era la ponente del caso. Detalló, además, que el 15 de diciembre de 2023, el mismo día en que firmó la sentencia contra Henrique Capriles, Machado consignó su demanda para revisar la inhabilitación, y fue entonces cuando el régimen procedió a detener a sus hermanos y a su cuñada.
Capriles: «Aquí todos sabemos cómo se inhabilitaba y cómo se habilitaba»
Henrique Capriles reaccionó con escepticismo.
«Aquí todos sabemos cómo se inhabilitaba y cómo se habilitaba. El gobierno jugaba con las inhabilitaciones y con la habilitación. A mí me inhabilitaron y me habilitaron, ¿con qué intención? Con la intención de dividir a la oposición», dijo. Y agregó: «Aquí lo que no puede haber son inhabilitados. Aquí se tiene que acabar ese juego perverso que había con las inhabilitaciones, como también con los encarcelamientos».
Capriles cuestionó además el momento de la revelación: «¿Dijo algo nuevo la magistrada de que la presionaron? Yo creo que ha debido oponerse en el momento que la estaban presionando». Recordó que a él lo inhabilitaron por 15 años, la pena máxima, sin que ningún tribunal determinara responsabilidad administrativa alguna, y que la propia Contraloría decía claramente que no había daño patrimonial. «Eso forma parte de la desinstitucionalización que tiene el país. Ahorita está el mismo contralor de Maduro y nadie dice nada».
«El aparato represor no ha sido desmontado»
Pese a que la exmagistrada pidió perdón a Machado y a Venezuela, sostiene que no denunció antes por miedo a que la asesinaran a ella o a sus familiares. Y aclara que, aun en la nueva etapa que vive el país tras el 3 de enero, todavía tiene miedo: el aparato represor del régimen, dice, no ha sido desmontado; «sigue ahí, latente, existe y es real».
Una firma obtenida bajo coacción es una firma viciada, y por tanto convierte la inhabilitación en una decisión nula, según confirmaron abogados especialistas consultados. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, coincide, pero advierte que la nulidad no repara lo ocurrido: «Es una decisión viciada, por lo tanto no tiene ninguna vigencia ni ningún vigor. ¿Qué pasa? El daño ya fue causado».
Murillo pidió aprovechar el proceso en que se discute la pluralidad y la participación política para acabar con una herramienta de persecución que, dijo, fue inconstitucional desde el primer momento. «Se utilizó el sistema de administración de justicia para obstaculizar, para eliminar a un adversario político, y por lo tanto eso no debe dar pie sino a la necesidad de una reforma del sistema de justicia que no persiga, sino que proteja; que no controle, sino que sirva a la ciudadanía». ¿Quién declara la nulidad? Debería hacerlo una investigación de autoridades judiciales independientes, que hoy no existen, por lo que pidió prestar mucha atención al proceso de renovación del Poder Judicial. Y apuntó que debe haber una reparación moral del daño causado: a Machado, igual que a Rocío San Miguel, hay que decirle que nunca debió ser inhabilitada.
Una familia pagó el precio
Su hermano Guillermo Henry César Siero y su cuñada Diana Victoria fueron excarcelados con medidas cautelares. No así Guillermo Enrique, el segundo de sus hermanos, quien fue condenado a doce años de prisión y continúa preso en El Rodeo I, a pesar de que la solicitud de amnistía que presentó le fue negada.
Según documentó la Misión de la ONU, a Guillermo Enrique lo colgaron de los brazos, le colocaron perros debajo y amenazaron con hacerle daño a su familia para obligarlo a escribir una carta dirigida a Alexander Granko Arteaga, con el fin de incriminar a otras personas en una supuesta conspiración.
