Durante los siete años que Rafael Escorihuela Farfán vivió en Perú murieron su madre y su hermano mayor, y no pudo estar con su familia en ninguna de esas despedidas. Cuando su padre enfermó del corazón y necesitó dos cateterismos, regresó a Venezuela para acompañarlo. La visita terminó con su detención y llevó a su hermana, Rosana Escorihuela, a buscar ayuda para conseguir su libertad.
En entrevista con El Diario, Rosana relató que Rafael trabajaba como chofer de buseta y llegó a Venezuela el 25 de septiembre de 2025. El 22 de octubre de ese año, cuando le faltaban dos días para regresar a Perú, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lo detuvieron en La Guaira, según su testimonio.
Lo vincularon al caso «Plaza Venezuela». Su hermana sostiene que la acusación lo sitúa en el país en una fecha en la que todavía estaba trabajando en Perú. Desde entonces, Rosana ha intentado que los tribunales reciban los documentos con los que busca respaldar su denuncia.
Con información de El Diario / Caleidoscopio Humano
Un viaje para acompañar a su padre
Antes de emigrar, Rafael fue funcionario del CICPC. Rosana sostiene que su hermano cuestionaba situaciones que consideraba injustas dentro del organismo, por lo que decidió solicitar la baja e irse del país. En Perú se dedicó al transporte público.
La enfermedad de su padre, quien debía someterse a dos cateterismos, lo llevó a organizar una visita a Venezuela después de siete años viviendo fuera. Rosana sitúa su último día de trabajo en Perú el 18 de septiembre de 2025, una semana antes de su llegada al país. La detención ocurrió casi un mes después, cuando estaba por terminar la visita familiar.
«Faltando dos días para irse, vienen los funcionarios ya mencionados, se lo llevan sin explicación», denunció Rosana.
Detención sin orden judicial y amenazas a la familia
Según Rosana, funcionarios de la unidad de inteligencia penal del CICPC detuvieron a Rafael en La Guaira sin presentar una orden judicial. Aseguró que entre ellos había dos antiguos jefes de su hermano dentro del organismo.
Después de la detención, recurrió a contactos para averiguar dónde lo tenían y logró llegar al lugar en el que permanecía bajo custodia. Allí, denunció, Rafael fue golpeado y amenazado para que se declarara culpable. Según su testimonio, las amenazas incluían trasladar a su padre, a los hijos de Rosana y a otros familiares a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Rosana sostiene que esas presiones obligaron a su hermano a declararse culpable. También denunció allanamientos en viviendas de la familia sin órdenes judiciales. De acuerdo con su relato, Rafael permanece recluido en la sede de contraterrorismo del CICPC, en la avenida Urdaneta, en Caracas.
«Él estaba en Perú»: los documentos que lo ubican fuera del país
Según la acusación descrita por Rosana, Rafael habría viajado a Venezuela para grabar un hecho que supuestamente ocurriría a comienzos de agosto de 2025. Ella rechaza esa versión y asegura que, para entonces, su hermano seguía viviendo y trabajando en Perú. «Él estaba en Perú, ya tenía siete años viviendo en Perú», afirmó.
Rosana explicó que conserva una constancia laboral y comprobantes de los pagos diarios que Rafael recibía como chofer, con su nombre, las fechas y los horarios. «El último día que trabajó allá en Perú como chofer fue el 18 de septiembre», precisó. A esos documentos se suman los boletos del viaje a Venezuela: «Él vino a Venezuela el 25 de septiembre, tengo los boletos desde cuando entró a Venezuela».
El pasaporte también permitiría comprobar la fecha de ingreso, según Rosana, pero no lo tiene: los funcionarios se lo llevaron y ella no pudo fotografiarlo. «No tengo el pasaporte porque ellos se llevaron el pasaporte», explicó. Aseguró que el documento tenía el sello de entrada del 25 de septiembre y que pidió al abogado que lo solicitara como parte de la defensa. «De hecho, le dije al abogado que lo solicitara, porque eso también es una prueba», expresó.
Una defensa sin puertas abiertas
Rosana afirma que los tribunales no han permitido incorporar al expediente los documentos que ha reunido. Por ese motivo ha acudido a distintas instancias judiciales y ha hecho pública su denuncia en medios de comunicación, sin obtener la respuesta que busca.
También sostiene que Rafael no pudo ejercer su defensa al inicio del proceso, que fue imputado sin pruebas y que la defensora pública no respondía a las solicitudes de información de la familia.
De acuerdo con su testimonio, el caso se encuentra en fase de juicio y ha sufrido retrasos procesales. Rosana señaló que más de 30 personas fueron detenidas a comienzos de agosto de 2025 por el caso «Plaza Venezuela» y que 15 recibieron medidas cautelares el 14 de agosto de 2026. Rafael continúa recluido.
Una familia que también tuvo que dejar su hogar
Mientras busca ayuda para su hermano, Rosana afronta otro cambio en su vida: dejar su hogar. La familia es originaria de La Guaira, donde fue detenido Rafael, pero ella tuvo que mudarse a San Antonio después de los terremotos del 24 de junio.
La mudanza se suma a una situación familiar marcada por las pérdidas y la enfermedad. Antes de la detención de Rafael, los Escorihuela ya habían afrontado la muerte de la madre y del hermano mayor, y luego la enfermedad del padre. Ahora Rosana debe adaptarse a otro lugar mientras continúa las gestiones ante los tribunales. Asegura que ha recibido apoyo para difundir su denuncia, aunque los tribunales todavía no han incorporado los documentos que considera fundamentales para la defensa.
Rosana describe a Rafael como una persona ansiosa, deprimida y desnutrida. Aunque señaló que actualmente no lo golpean, le preocupa su condición física y emocional mientras permanece detenido.
La espera por el juicio mantiene a la familia pendiente. Rosana continúa pidiendo que se examinen los registros laborales y de viaje antes de que el proceso avance sin esas evidencias.
