(Fuente: EFE / Infobae) El abogado de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, ha asegurado que el activista Javier Tarazona ha denunciado ante tribunal haber sufrido torturas.
“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.
“Estamos esperando que se investigue, no porque nosotros lo decimos, porque el tribunal lo requirió y porque la propia víctima señaló que había sido torturada”, explicó.
Romero también ha denunciado que Tarazona no recibe las medicinas que le corresponden, a pesar de tener una situación de salud delicada por problemas relacionados con fibrosis pulmonar y diabetes.
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“Es una persona que, así como muchos otros, requiere no solo su libertad por la situación de salud humanitaria, sino también porque está privado injustamente de su libertad”, aseguró Romero.
Con información de EFE
El martirio que vive Javier Tarazona
Según el Foro Penal, que forma parte de la defensa del activista, “más de 100″ de los 257 detenidos por “motivos políticos” en el país “no han sido condenados”, entre ellos Tarazona, y “más de 50 requieren atención médica importante”.
Por su parte, José Rafael Tarazona, hermano del activista, dijo no encontrar “razón alguna para que el Estado venezolano lo siga manteniendo en prisión”, y aseguró que ha recibido “mensajes por parte de funcionarios” del “alto Gobierno, donde dicen que ellos no tienen problemas en liberar a Javier”.
“Pero pareciera que hay alguien en específico que no lo permite, y (…) estamos indagando quién es esa persona que mantiene o que quiere mantener a Javier detenido injustamente como un rehén, como un secuestrado”, expresó.
El activista, ante la falta de datos oficiales, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia en 2021.
Tarazona fue detenido el 2 de julio de ese año, cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
