(Fuente: El Nacional) Los expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) ha condenado las «desapariciones forzadas» de opositores en Venezuela, como las sucedidas con dirigentes del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado y la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel.
«Enterados de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete con saña mediante la práctica de desapariciones forzadas, (…) condenamos tales hechos y alertamos a la opinión pública y la comunidad internacional», señala la declaración de IDEA, firmada por 27 exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.
Con información de El Nacional
Entre los desaparecidos, según el Grupo IDEA, se encuentran Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Víctor Venegas, los cuatro dirigentes de Vente Venezuela, y la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
San Miguel, según confirmó este martes uno de sus abogados, se encuentra detenida desde el pasado viernes por estar «presuntamente vinculada» con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios.
El grupo IDEA sobre caso San Miguel
La detención de San Miguel ocurrió casi tres semanas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por estar supuestamente involucradas en planes conspirativos, y de que las autoridades aprehendieran a colaboradores de Machado, acusados de ser parte de una conspiración.
Los expresidentes iberoamericanos califican estas acciones de «desviaciones de la conducta humana y política» y sostienen que estas «desapariciones forzadas» rememoran «las experiencias totalitarias que llenaron de vergüenza a la Humanidad a mediados del siglo XX».
En el comunicado, los exmandatarios recordaron el informe de septiembre de 2023 de la Misión Independiente de Naciones Unidas en el que se da cuenta de «desapariciones forzadas de corta duración, torturas y ejecuciones extrajudiciales», hechos investigados por la Corte Penal Internacional «para determinar las responsabilidades del régimen de Maduro».
El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la «situación de libertades democráticas y derechos humanos» en el país y «pronunciarse oportunamente» sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la «represión y persecución.
