(Fuente: EFE / El Carabobeño) La activista Rocío San Miguel ha sido acusada de una supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del dictador Nicolás Maduro. Este pasado miércoles se cumplieron cinco días detenida.
Con información de EFE
San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una «desaparición forzada».
Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja, quien sigue detenido, mientras que los cuatro restantes -dos hermanos, hija y el padre de esta- fueron excarcelados con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios».
A continuación, un resumen de los turbulentos cinco días del caso Rocío San Miguel:
Sábado 10 de febrero: la denuncia
Los rumores que circularon toda la jornada del sábado sobre la supuesta detención fueron confirmados por organizaciones no gubernamentales cerca de la medianoche de ese día, cuando denunciaron que San Miguel ya había sido aprehendida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija, y desde entonces, se desconocía su paradero.
Domingo 11 de febrero: la confirmación
Dos días después de su captura, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención de San Miguel, contra quien -aseguró- se emitió una orden de captura por «estar presuntamente vinculada» con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar en contra de la vida del jefe de Estado» y otros «altos funcionarios», así como el «ataque a varias unidades militares».
Lunes 12 de febrero: presentación ante tribunales
Un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil venezolana, además de la CIDH, condenaron la «desaparición forzada» de San Miguel, cuya defensa confirmó a EFE que también estaban «desaparecidos» cinco familiares y allegados, quienes luego fueron presentados ante un tribunal en materia de terrorismo.
Martes 13 de febrero: solidaridad cuestionada
El Gobierno cuestionó la «solidaridad automática» con «quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela», donde ese día se decretó la privación de libertad contra la activista y su expareja Alejandro González, mientras que los otros cuatro -Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel y Alberto San Miguel (hermanos) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda)- fueron excarcelados.
Miércoles 14 de febrero: allanamiento
Una treintena de miembros de organizaciones en Venezuela catalogaron como un «ataque feroz» al espacio cívico y a los defensores de DD.HH. el caso de Rocío San Miguel, cuya vivienda, horas después, fue allanada, según la defensa, que teme que «pudieran estar sembrando evidencias», un hecho que también fue rechazado por ONG, activistas y políticos opositores.
