(Fuente: El Carabobeño) El Centro Carter ha confirmado que enviará una misión a Venezuela para la observación de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
La organización aceptó la invitación que el Centro Nacional Electoral (CNE) le extendió el pasado marzo. Conrado Pérez, rector del ente electoral, había informado este hecho hace dos semanas.
Esta confirmación ha ocurrido en el medio de la revocatoria de la invitación por parte del CNE contra la Unión Europea para observación del evento electoral.
Con información de El Carabobeño
Según el Acuerdo de Barbados, suscrito entre el régimen de Nicolás y la oposición, el bloque comunitario, entre otras organizaciones, tendrían observación el 28 de julio.
Sin embargo, el presidente del CNE anuló la invitación a la UE tras la ratificación de sanciones por parte del bloque comunitario contra líderes de la dictadura madurista.
Además de la UE, Colombia y Brasil anunciaron que no enviarán una misión de observaciones para las presidenciales en Venezuela.
La oposición venezolana ha insistido en el respeto al Acuerdo de Barbados para garantizar la observación electoral internacional y la transparencia del proceso comicial.
El Centro Carter es una de las organizaciones mejor valoradas en el mundo en cuanto a la observación de elecciones.
Ver más: ¿Qué dice el acuerdo impuesto por el CNE y firmado por ocho candidatos presidenciales?
Injerencia gubernamental según informe de las elecciones de 2021
En 2021 una misión del Centro Carter observó las elecciones regionales de Venezuela y concluyó que la injerencia política y gubernamental socavó al Poder Electoral.
El informe del organismo reveló que las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas.
Además destacó la exclusión de candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política.
