(Redactado por David Gallardo) El abogado y exfiscal Zair Mundaray denuncia que la actual ola de represión y persecución política que ha desplegado el régimen de Nicolás Maduro es la más radical y que ha fijado un nuevo objetivo sobre la libertad y los derechos humanos en Venezuela.
Mundaray considera que las últimas detenciones contra dirigentes, colaboradas y activistas y defensores del derecho electoral envía un mensaje importante sobre el oscuro interés que tiene la dictadura madurista de provocar miedo, terror y abstención sobre la población venezolana.
El abogado señala que el régimen tuvo el error de seguir la vía electoral para mantenerse en el poder, escenario que es completamente desfavorable para ellos por la baja popularidad que tienen entre los venezolanos.
Es por esto que la persecución política va en contra de estos activistas, quienes tienen la información sobre los representantes técnicos de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio, como son los testigos de mesa.
Zair Mundaray sobre las fuerzas opositoras
El objetivo del régimen, según Zair Mundaray, es desarticular la sociedad, que no está respondiendo a una tendencia partidista, sino a la fuerza social y política que ha construido la líder de la oposición, María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.
Esto lo ha llevado a realizar estas persecuciones para infundir todo tipo de terror y zozobra durante las vísperas de las presidenciales.
Mundaray explica que los otros candidatos, que no tienen ningún tipo de nexo con la PUD, solo están presentes en la carera electoral para validar a Nicolás Maduro como supuesto político democrático.
Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, acusó a los opositores asilados en la embajada de Argentina de desarrollar un plan violento para las elecciones presidenciales.
Esta ha sido una de las acusaciones recientes del régimen contra los opositores asilados que están pidiendo un salvoconducto que por Derecho Internacional se les debe conceder y la dictadura madurista se niega a otorgar.
Mundaray señala que la sociedad venezolana no debería sorprenderse sobre este escenario, porque el régimen de Nicolás Maduro no respeta ningún tipo de acuerdo o leyes que lo comprometan dentro de la Comunidad Internacional.
