(Fuente: TalCual) La ONG Global Witness ha posicionado a Venezuela como el sexto país en el mundo y el quinto en América con los números más altos de asesinatos contra líderes ambientales.
Esta denuncia se dio a conocer gracias al estudio de esta ONG que tomó en consideración los cuatro asesinatos registrados durante el 2022 en Venezuela, los cuales se compararon con los homicidios ocurridos en Colombia y Brasil, países que tienen cifras más altas que el país petrolero, sin embargo estas vidas siguen sin recibir justicia.
Estos homicidios representan solo el 10% de los 40 que documentó el Observatorio de la Defensa de la Vida (Odevida) en la última década (2012-2022), cuando se registraron al menos cuatro en promedio cada año.
«25 de ellos fueron a manos de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcotraficantes o bandas criminales. Otros 15 se atribuyen a fuerzas militares venezolanas», según dijo en entrevista con TalCual Raúl Cubas, coordinador de esa asociación.
Con información de TalCual
Las estadísticas presentadas pueden quedarse cortas. Su organización lleva un conteo de asesinatos de personas identificadas como defensores del ambiente y de territorios. Sin embargo, muchas, aunque realizan la misma labor, prefieren tener un bajo perfil y no reconocerse como tal para protegerse a sí mismas y a sus familias. Además, Cubas dice que hay otros casos, a los que él denomina «borderline», de individuos asesinados que indirectamente fungen como ambientalistas o a quienes matan simplemente por vivir en territorios ocupados.
El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerna) registró entre 2016 y 2020 al menos 30 masacres perpetradas en el estado Bolívar, varias de ellas fueron en zonas mineras y dejaron 217 indígenas asesinados. De hecho, desde 2008, ha habido un «incremento vertiginoso» de muertes violentas en municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos Callao, Sifontes y Piar.
«Ocurren masacres donde los muertos son indígenas que viven en territorios donde se ejerce la minería y hay control de algún grupo externo armado irregular. Y ahí está también la disparidad de documentación y de enfoque (entre Odevida y el Cerna). Las dos situaciones son muy graves, sean específicamente defensores orgánicos del ambiente o de los pueblos indígenas, o si son indígenas que son asesinados por estar en territorio ocupado por los deseos de la minería», señaló Cuba.
El temor en toda esta población activista ha aumentado aún más tras la muerte violenta de Virgilio Trujillo, quien fue coordinador de los Guardianes Territoriales Uwottüja, del municipio Autana de Puerto Ayacucho, en Amazonas.
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En junio del año pasado, Trujillo recibió tres impactos de bala. Días antes había recibido amenazas de muerte, después de que la Fuerza Armada Nacional (FAN) destruyera pistas clandestinas y campamentos en la entidad amazónica, algo que él había denunciado por años, al igual que la ocupación de tierras por parte de grupos armados y la minería ilegal. Su caso sigue impune y se desconoce si hubo algún avance, pues a pesar de que el mismo Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció que daría una rueda de prensa para dar resultados de la investigación iniciada por su equipo en agosto de 2022, realmente nunca se dio.
El terror en Venezuela por la protección del medio ambiente
La oenegé Provea reseñó que en septiembre «trascendió que el Ministerio Público había adelantado acusaciones contra los presuntos responsables del hecho». Pero se quedó en información no oficial, pues las autoridades no se han pronunciado más al respecto, aunque ya ha pasado casi año y medio desde que ocurrió.
La confianza en las instituciones para resolver temas judiciales relacionados a la defensa del medioambiente no existe y, en ocasiones, el propio gobierno de Nicolás Maduro causa la inseguridad que sienten los pueblos y comunidades indígenas al ejercer acciones para defender sus tierras. Así lo aseguró la organización Clima 21 en el boletín «Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela» —publicado en mayo—, donde también reflejó los resultados de una encuesta hecha a organizaciones ecologistas venezolanas en los que se ahondará más adelante.
Mientras, el Observatorio Venezolano de Ecología Política también respaldó lo que esas otras oenegés dijeron:
«La figura de Guardianes Territoriales ha constituido la única forma de defensa de los pueblos indígenas ante la constante invasión de sus territorios por parte de actores vinculados con la explotación minera. Bandas armadas -nacionales y extranjeras-, mineros y todo un entramado de actores de las mafias del oro son una verdadera amenaza para la vida de los pueblos originarios, quienes son asediados, hostigados, esclavizados y violentados de muchas formas sin que el Estado garantice los derechos elementales de las comunidades indígenas. Esta situación ha sido denunciada reiteradamente por distintas organizaciones y por los propios pueblos indígenas ante la mirada indolente del Estado y su opacidad comunicacional», se lee en un comunicado compartido posterior al asesinato de Trujillo.
En la encuesta realizada por Clima 21, 16% de los activistas climáticos del país señaló que la organización para la que trabaja recurrió a mecanismos judiciales para la solución de un conflicto ambiental. De ese porcentaje que lo hizo, únicamente en 14% de los casos se produjo una decisión judicial. Otro 40% no acude a la justicia venezolana porque cree que «esos procesos son improductivos o riesgosos para las organizaciones».
«66% de las organizaciones, en la práctica, no tiene acceso a la justicia, en tanto no tienen los medios o conocimientos para acceder a procedimientos judiciales o no confía en el sistema de justicia venezolano para la resolución de conflictos ambientales», se reseñó en la encuesta.
Organizaciones como Odevida, Provea y otras aliadas por la protección de la cuenca amazónica, incluyendo de Colombia y Ecuador, han pedido al Estado venezolano que garantice una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables no solo del asesinato de Virgilio Trujillo, sino de todos los hechos violentos contra defensores ambientales, los cuales ocurren mayormente en zonas mineras.
Desde la plataforma regional Odevida, capítulo Venezuela, 50 defensores firmaron una carta pública dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, en la que pidieron conformar una mesa de diálogo para discutir soluciones al respecto. La misma estaría integrada por el Ejecutivo nacional, miembros del ministerio de los Pueblos Indígenas, de Ambiente, y líderes de las comunidades afectadas por la minería y por la ocupación ilegal de territorios.
La acción se hizo en mayo de este año. Para noviembre, seis meses después, «esta propuesta fundamental no ha tenido respuesta, ni del Defensor del Pueblo ni tampoco de los involucrados que nosotros estamos proponiendo que formen parte de ella», comentó Cubas.
