(Fuente: Insight Crime) El sistema de poder que ostentaba los «pranes» o líderes criminales en Venezuela podría estar llegando a su fin tras las intervenciones militares que se han estado realizado en la cárceles bajo el mando del dictador Nicolás Maduro, quien busca legitimar su mandato en las siguientes elecciones en el 2024.
Desde hace meses se han realizado varias intervenciones, siendo la última el pasado 10 de noviembre cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron dentro del Internado Judicial de San Felipe (estado Yaracuy), conocido como La Cuarta, otra de las cárceles que es dominada por los pranes.
Aunque dicho operativo no era de conocimiento público, horas antes de la ejecución Fredy Barboza Ilarraza, alias «La Charro», pran de La Cuarta, se despidió de la población penal con un mensaje en sus redes sociales en el que agradecía a sus seguidores por su apoyo. Medios locales denunciaron de forma extraoficial que el pran y seis de sus colaboradores más cercanos abandonar la sede del penal, una situación que se está volviendo rutina en cada intervención penitenciaria.
La opinión públicas se inclina a la idea de que los líderes criminales negociaron las entregas con el régimen de Nicolás Maduro.
Con información de Insight Crime
Retomar el control de las prisiones en Venezuela
La Cuarta forma parte de una lista de siete prisiones que han sido intervenidas como parte de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, un plan del gobierno para retomar el control de las cárceles regidas por el sistema de pranato. La operación comenzó el pasado 20 de septiembre con la toma de Tocorón, la cárcel más infame de Venezuela y sede de la banda carcelaria más poderosa del país, el Tren de Aragua.
El 25 de octubre, las autoridades tomaron la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, controlada por Néstor Richardi, más conocido como «Richardi», cuyo paradero es desconocido. Cinco días después, se produjo la toma del Centro Penitenciario Puente Ayala, en el estado Anzoátegui. Esta, como la mayoría de las otras operaciones, parecía haber sido anunciada de antemano. El líder penitenciario Yunior Yagüez, alias «Pata e’ Queso», y sus «luceros» -nombre que reciben los lugartenientes de un pran- llevaban días sacando sus pertenencias, incluso animales, electrodomésticos, y efectivo.
En la primera semana de noviembre, los militares tomaron el Internado Judicial de Monagas, también conocido como La Pica, en Monagas, y el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el estado Bolívar. Apenas 48 horas después, las fuerzas de seguridad se desplegaron en torno a la Prisión Judicial de Trujillo. La prisión estaba controlada por Álvaro Montilla, alias «El Loro«, quien se entregó a las autoridades junto con dos de sus lugartenientes y abandonó el centro penitenciario en furgonetas custodiadas por la policía la noche anterior a la toma, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Pese a que el ministro Ceballos se jacta de que el Estado controla ahora «el 100% de todas las prisiones del país», existe una gran incertidumbre en torno a las operaciones y a la ubicación de muchos de los pranes. Varios de los pranes simplemente han desaparecido, entre los que destaca Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero«, jefe del Tren de Aragua. Las autoridades tampoco han informado cuántos reclusos murieron durante las tomas de las prisiones, cuántos escaparon y qué armas y dinero se llevaron.
El fin de una era criminal
El sistema de pranato en Venezuela -como se le conoce a la práctica de dejar el control de las prisiones en manos de grupos criminales- surgió en 2007, durante el mandato de Tareck El Aissami como ministro de Interior y Justicia, pero se consolidó plenamente en 2011 con Iris Varela, la primera ministra de Servicios Penitenciarios.
La implantación del pranato fue el resultado de una humillante sublevación en el ya de por sí notoriamente violento y caótico sistema penitenciario venezolano. En mayo de 2011, un pran de 26 años mantuvo a raya a unos 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad durante 27 días en la prisión de El Rodeo, en el estado Miranda, a solo 40 kilómetros al este de Caracas, un hecho que se convirtió en un circo mediático. El entonces presidente Hugo Chávez creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios con la orden de asegurarse de no volver a quedar en ridículo por un suceso similar.
Durante años, el acuerdo tácito entre las autoridades estatales y los pranes consistió en permitir, e incluso proteger, la existencia de aparatos criminales dentro de las prisiones a cambio de orden.
“Para el Estado es más fácil que [la prisión] la mantenga ‘Niño’ Guerrero porque la ha sabido mantener”, dijo un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime antes de la toma de Tocorón en septiembre.
Tras la decisión de Varela de entregar las cárceles a los presos, los pranes extendieron su alcance mucho más allá de los muros de la prisión. La más exitosa de las bandas carcelarias fue el Tren de Aragua, que se convirtió en un actor criminal transnacional aprovechándose del éxodo venezolano para establecer una presencia permanente en Colombia, Chile y Perú.
Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha acaparado la atención mediática, la eliminación de algunos de los pranes más notorios y el traslado de los reclusos dentro de un sistema penitenciario ya desbordado no resolverán la crisis carcelaria. Es probable que la brutalidad y la violencia continúen. El régimen de Maduro lleva años esquivando la bancarrota y no dispone de fondos para realizar cambios reales en las condiciones de las prisiones, especialmente en lo que respecta al hacinamiento y la escasez de alimentos.
“No sabemos cuál va a ser el impacto de estas medidas en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito penitenciario y con el crimen organizado”, advirtió una investigadora de temas carcelarios que prefirió reservar su nombre por temas de seguridad.
