Amnistía Internacional alertó este lunes sobre los presuntos traslados de presos políticos desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la cárcel Yare II, un centro penitenciario en Miranda conocido por sus condiciones inhumanas de reclusión.
La organización exigió la liberación inmediata del abogado laboralista Eduardo Torres, integrante de Provea, detenido desde mayo en circunstancias irregulares, y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
“Alerta por reportes de traslados a Yare II, con terribles condiciones. ¡Exigimos su liberación y la de todas las detenidas arbitrariamente!”, manifestó Amnistía en X.
Esta práctica, que vulnera el debido proceso y expone a los reclusos a mayores riesgos, forma parte de la estrategia represiva del régimen de Nicolás Maduro para quebrar la resistencia opositora tras el fraude electoral de julio de 2024.
La periodista Sebastiana Barráez informó que al menos 10 presos políticos fueron movilizados desde El Helicoide a Yare II, incluyendo a Torres y al joven tachirense Raúl Amiel Hevia, detenido el 5 de mayo en San Cristóbal por hombres armados que lo golpearon antes de entregarlo al SEBIN. Hevia, de 24 años, enfrenta cargos de conspiración por su activismo en Vente Venezuela. Torres, de 49 años, fue visto por última vez el 9 de mayo en Caracas tras una reunión gremial; su detención se denunció como forzada hasta que el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó a una “trama conspirativa” para desestabilizar las elecciones del 25 de mayo.
María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, elevó el número de trasladados a 15, expresando preocupación por el deterioro en Yare II: “Cada vez se incrementa la presión, con imposibilidad de comunicación, recepción de alimentos y mayores restricciones”. En entrevista con Enler García en Tiene Sentido, Martínez destacó que familiares denuncian mayores limitaciones, agravando la indefensión de los reclusos.
El Foro Penal y el Instituto Casla denuncian traslados irregulares en semanas recientes, sin notificación a familiares ni abogados, violando derechos fundamentales. Alfredo Romero, director de Foro Penal, alertó que esto agrava la situación de indefensión de los presos políticos. Yare II, con hacinamiento, falta de atención médica y violencia, ha sido calificado como un centro de tortura por la ONU y Amnistía, donde presos enfrentan extorsión y maltrato.
