El régimen de Nicolás Maduro escaló su persecución contra disidentes al colocar un dispositivo sospechoso en el vehículo de Margareth Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel –fallecido bajo custodia estatal– y hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, durante el cierre de la Segunda Ruta Global por la Justicia el 19 de septiembre de 2025 en Caracas. El incidente ocurrió frente a la Embajada de Italia, donde Baduel participaba en una protesta pacífica por la libertad de los presos políticos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) visualizaron el artefacto, evacuaron el área, pero se retiraron sin explicaciones, mientras agentes de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) lo removieron sin identificar su naturaleza, revictimizando a la familia al insinuar que ellos mismos lo instalaron.
Este acto de intimidación forma parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por el régimen de Maduro. Margareth Baduel detectó el dispositivo adherido a su vehículo tras la manifestación organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Alertados, los funcionarios de la PNB lo inspeccionaron y consideraron potencialmente peligroso, desalojando el perímetro. Sin embargo, tras una hora, abandonaron el sitio sin acta ni detalles.
Posteriormente, dos efectivos de la DIE arribaron y retiraron el dispositivo. A pesar de las preguntas insistentes de Baduel y testigos, respondieron evasivamente y partieron sin informe. “Algunos efectivos insinuaron que el dispositivo podría haber sido colocado por los propios familiares”, denunció CLIPPVE, calificándolo como un intento de manipulación grave dada la historia de persecución contra los Baduel.
La Policía de Chacao, presente en la zona, se declaró incompetente para recibir la denuncia o intervenir, evidenciando una descoordinación intencional que garantiza impunidad. Este episodio se suma al acoso del día anterior contra Andreina Baduel, seguida por un individuo no identificado al salir de la sede diplomática italiana.
La Ruta Global por la Justicia, una campaña internacional por la liberación de presos políticos, ha visibilizado estos abusos. En su segunda edición, culminó con protestas en Caracas demandando justicia. El régimen de Maduro responde con tácticas de terror, como este dispositivo, posiblemente un rastreador o explosivo, para silenciar a activistas.
Organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional han condenado similares actos de represión. “La intimidación no detendrá nuestra voz”, afirmó CLIPPVE, exigiendo una investigación inmediata y transparente. La comunidad internacional debe presionar al régimen de Maduro por estos crímenes de lesa humanidad.
