El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) emitió una alerta urgente sobre la situación de los presos políticos en el Centro de Reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, luego de los terremotos del 24 de junio. Según la organización, la infraestructura del penal quedó «severamente comprometida» tras los sismos, y los reclusos permanecen confinados en sus celdas pese al riesgo de colapso.
La denuncia incluye un detalle que resume la lógica del régimen: un ingeniero inspeccionó recientemente las instalaciones acompañado de funcionarios policiales y emitió un diagnóstico oficial de habitabilidad, pero los propios reclusos afirman que el especialista les confesó haber sido presionado para hacerlo bajo amenaza de represalias. En terreno, la realidad es otra: varias columnas presentan fracturas y las camas de cemento donde duermen los detenidos resultaron dañadas por los sismos.
Con información de Monitoreamos
Sin agua, sin comida, sin atención médica
Clippve también denunció un deterioro generalizado de las condiciones humanitarias dentro del penal. A los familiares no se les permite ingresar alimentos ni agua potable. La alimentación suministrada por el centro es insuficiente y carece de los nutrientes necesarios, lo que ha agravado el estado de salud de varios detenidos con enfermedades preexistentes.
La organización señaló que estas condiciones violan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas de Mandela, y calificó la situación como un trato cruel, inhumano y degradante. «El régimen tiene la obligación de garantizar la integridad física y la salud de las personas privadas de libertad», recordó el comité.
Clippve hizo un llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales para documentar y visibilizar lo que ocurre en El Rodeo I, y exigió una evaluación estructural independiente de las instalaciones, el ingreso inmediato de alimentos y agua por parte de los familiares, y atención médica urgente para los reclusos enfermos. Reclamos que, a juzgar por el historial del régimen venezolano con sus presos políticos, nadie en el Estado tiene intención de atender.
