La Coalición Sindical de Venezuela denunció este sábado una nueva ola de amenazas y acciones represivas contra dirigentes obreros por parte del régimen de Nicolás Maduro, a escasos días de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Como medida de protesta y ante el riesgo de violencia, la organización llamó a los trabajadores, jubilados y movimiento sindical a quedarse en casa el próximo 1° de mayo.
Según explicó Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desplegaron patrullas, sirenas y coacciones frente a las residencias de diversos líderes sindicales, como José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería. El operativo de intimidación se realizó el sábado 26 de abril en horas de la noche.
«Estas medidas represivas de terror no solo afectan a José Patines, sino también a sus tres hijos menores de edad y a su esposa», denunció Salazar, al tiempo que advirtió que los asedios se han intensificado a medida que se acerca el 1 de mayo.
Antecedentes de militarización y represión
Desde enero de 2025, Maduro activó los llamados “cuerpos de combatientes” bajo el Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI), conformados por empleados públicos armados con fusiles de asalto y rifles, provenientes de instituciones como PDVSA y distintos ministerios. La entrega de armamento a civiles oficialistas ha generado alarma en sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Dirigentes sindicales, en condición de anonimato, aseguraron a medios internacionales como Infobae que trabajadores oficialistas armados podrían ser movilizados para contrarrestar manifestaciones el 1 de mayo. “Maduro solo le quedan las armas para someter la protesta”, indicó uno de ellos.
«No vamos a exponer a los trabajadores. Esta vez, protestaremos de una manera distinta: con el silencio», señalaron, afirmando que «el silencio a veces puede ser más ruidoso que cualquier grito».
Ola de detenciones selectivas contra sindicalistas
La persecución contra líderes obreros no es nueva. Desde 2020, diversas organizaciones como Provea, Alerta Venezuela y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia han documentado detenciones arbitrarias y violaciones de derechos laborales. Casos emblemáticos incluyen:
- Gabriel Blanco, dirigente sindical detenido en 2022 acusado de terrorismo.
- Alcides Bracho y Emilio Negrín, sindicalistas detenidos tras allanamientos ilegales.
- Guillermo Zárraga, trabajador petrolero detenido por el SEBIN.
- Eudis Girot, directivo sindical de la Futpv encarcelado bajo acusaciones de terrorismo.
A ellos se suman múltiples trabajadores de PDVSA y otras empresas públicas reprimidos por exigir derechos básicos como seguros médicos y mejores condiciones laborales.
Temores de violencia y represión el 1° de mayo
La Coalición Sindical advirtió que la represión podría escalar si se lleva a cabo la marcha armada de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como ha anunciado el diputado oficialista Wills Rangel.
«Después de entregar fusiles a trabajadores oficialistas, aquí puede haber un desastre», advirtió un dirigente sindical. «La gente está muy molesta porque el régimen se ha robado todo».
Frente a este panorama de amenaza, intimidación y militarización de la protesta, los sindicatos decidieron no movilizarse públicamente el 1° de mayo, para proteger la integridad de los trabajadores y sus familias.
