La hoja de ruta propuesta por Estados Unidos para la reconstrucción de Venezuela enfrenta un obstáculo que podría comprometer toda su viabilidad: la ausencia de un sistema judicial independiente. Así lo advierte un reciente informe del casa de estudios Chatham House, que analiza el plan de tres etapas diseñado tras la salida de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
Los autores del documento, Christopher Sabatini y Alexandra Farsari, son directos al señalar que el ambicioso esquema de estabilización, recuperación y transición está destinado al fracaso si no se prioriza de inmediato el restablecimiento del estado de derecho.
«El éxito del plan de Estados Unidos depende de que Venezuela establezca y mantenga un sistema judicial independiente y eficiente», advierte el reporte.
La urgencia no es abstracta. Tras una caída devastadora del 80% del PIB entre 2014 y 2021, y con un 73% de la población en situación de pobreza según datos de 2024, la impaciencia ciudadana es un factor de riesgo real. Sin mejoras perceptibles en los estándares de vida, el peligro de nuevos estallidos sociales es concreto.
El sector extractivo no alcanza
Chatham House alerta que el enfoque actual, centrado mayoritariamente en el sector petrolero, es insuficiente y arriesgado. Aunque se aprobaron cambios a la ley de hidrocarburos en febrero de 2026, los expertos señalan que estos han quedado cortos frente a las expectativas de los inversionistas, pues mantienen una amplia discrecionalidad gubernamental que «arriesga la corrupción y el favoritismo en las decisiones políticas».
Para diversificar la economía, el informe considera indispensable una evaluación y reequilibrio del personal judicial, así como el fortalecimiento de la imparcialidad en el arbitraje comercial. Sin esas reformas, la promesa de crecimiento sostenido no tiene bases sólidas.
La transición también exige un compromiso firme con los derechos humanos: la derogación de leyes represivas como la «Ley Simón Bolívar», que criminaliza la defensa de sanciones, y la liberación de entre 500 y 600 presos políticos que aún permanecían detenidos a finales de mayo. Sin embargo, los expertos advierten que el gobierno interino ha mostrado «poca tolerancia a los controles y equilibrios sobre su autoridad», una tensión directa con cualquier agenda de reformas.
La deuda y el pacto necesario
Para reintegrarse plenamente a los mercados internacionales de capital, Venezuela debe abordar una deuda externa en mora estimada entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. Chatham House señala que los contactos retomados con el FMI deben ser aprovechados como palanca para asegurar reformas concretas en el estado de derecho, la separación de poderes y la transparencia fiscal, no como un cheque en blanco al gobierno interino.
La recomendación central del informe es la creación de un «pacto de reforma» público entre actores nacionales e internacionales, con metas claras y un cronograma de cumplimiento verificable.
El contexto político hace que la advertencia sea aún más urgente: el 68% de los venezolanos desea elecciones presidenciales este mismo año. Solo un sistema de justicia transparente podrá transformar la fragilidad política actual en estabilidad duradera. De lo contrario, advierte el reporte, las ganancias económicas iniciales podrían desvanecerse rápidamente ante la desconfianza de los ciudadanos y los inversionistas. Una Venezuela sin jueces independientes no es una Venezuela en transición. Es una Venezuela que cambia de nombre pero no de fondo.
