Ana Raquel Vásquez, esposa del teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, ha denunciado la desaparición de su cónyuge y de otros presos políticos militares, luego de que el 03 de noviembre fueran sacados de la cárcel de Ramo Verde para trasladarlos a los tribunales, con la oferta de que serían liberados.
“Pero nunca fueron trasladados hacia los tribunales. Sus abogados fueron informados por nosotros los familiares de que serían trasladados, pero nunca llegaron”, dijo.
“Se desconoce, desde que fueron sacados de Ramos Verde, dónde se encuentran. Hago esta denuncia para proteger su vida, para que las organizaciones y personas encargadas de velar por los DD. HH. tomen cartas en el asunto y se haga lo necesario para preservar su seguridad, su vida y sus derechos humanos”, manifestó Vázquez.
Con información de Impacto Venezuela
La detención
El 2 de marzo del 2018, Soto Méndez se encontraba de permiso, en la ciudad de Barinas, cuando aproximadamente a las 6:00 pm, recibió una llamada de un general de brigada, quien le dijo que debía presentarse en la sede de la 93BC de Barinas, sin darle ninguna razón.
Una vez que se presentó en la brigada lo hicieron pasar a una oficina donde se encontraban funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo despojaron de su teléfono celular y su documentación sin darle explicaciones.
Luego, en presencia del Fiscal Militar de Barinas y de funcionarios de la DGCIM, revisaron el vehículo donde se desplazaba y lo esposaron sin explicarle por qué y lo trasladaron a la sede del DGCIM de Barinas.
El 3 de marzo, aproximadamente a las 3:30 p.m, fue trasladado al aeropuerto de Barinas, donde lo montaron en un avión, esposado con las manos atrás.
Al llegar a la sede de la DGCIM en Boleíta, lo mantuvieron incomunicado sin poder hacer uso del baño y ese mismo día comenzaron a llegar otros compañeros en las mismas condiciones.
El 4 de marzo, los pasaron al sector que denominan la Pecera, con las manos esposadas hacia atrás y sin autorización de hacer uso del baño, ni llamadas telefónicas.
El 5 de marzo llevaron a Soto a un cubículo “donde comienzan a interrogarlo y, ante su negativa de responder de lo que ellos le acusaban, le rociaron gas lacrimógeno en la cara, le colocaron una capucha en la cabeza y con una vara lo golpearon por los tobillos, rodillas y hombros, el interrogatorio duró varias horas hasta que lo llevaron a otro cuarto separándolo del resto del grupo”, dice un relato de la familia.
“El interrogatorio y el maltrato físico por estos dos funcionarios se repitió hasta el día 7 de marzo, día que le permitieron realizara una llamada a su familia y volvieron a pasarlo con el resto del grupo, ese día fue que le entregaron la orden de aprehensión y le leyeron los derechos del imputado”, agrega.
Le hicieron un informe forense, por parte de un médico quien también es funcionario de la DGCIM, quien escribió que no padecía signos de maltrato.
El de marzo los trasladan al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, de la Av. Urdaneta, Caracas, para hacerles la reseña ante ese organismo.
El 9 de marzo, aproximadamente a las 5:00 p.m, los trasladaron a los Tribunales Militares para la audiencia de presentación ante el Tribunal 3.º de Control.
Dicha presentación concluyó en horas de la madrugada del día 10 de marzo. Al llegar a la sede de la DGCIM, después de la presentación, les quitan las esposas y los pasan a los sectores de reclusión.
El día 13 de marzo, en horas de la mañana, fue trasladado para el aeropuerto de la Carlota y llevado para DEPROCEMIL La Pica, en Maturín, Edo. Monagas, donde permaneció hasta el 14 de junio 2018, cuando fue trasladado a Centro de Procesados Militares CENAPROMIL de Ramo Verde.
El relato de la familia señala que le imputaron el delito de instigación a la rebelión.
Asimismo, destacan que fue torturado. “Lo rociaron gas lacrimógeno en la cara, le colocaron una capucha en la cabeza y con una vara lo golpearon por los tobillos, rodillas y hombros, maltrato psicológico, tratos degradantes, crueles e inhumanos”
