La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este miércoles a Venezuela responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Jorge Rojas Riera, detenido ilegalmente en 2003 durante una protesta pacífica en la Plaza Francia de Altamira y sometido a torturas en El Helicoide.
La sentencia, notificada este 10 de junio, ordena el cierre definitivo del centro de detención.
Según el fallo, agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) detuvieron ilegalmente a Rojas Riera el 19 de septiembre de 2003 mientras prestaba apoyo logístico voluntario a una manifestación. Una vez en El Helicoide, fue golpeado en distintas partes del cuerpo, amenazado con violencia sexual, sometido a vejámenes y a simulacros de ejecución. La Corte determinó que Venezuela nunca investigó esas torturas.
El cierre ordenado por el tribunal
La Corte ordenó el cierre de El Helicoide al concluir que su continuidad «resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos», y que la privación de libertad en instalaciones controladas por agencias de inteligencia «genera un riesgo agravado para la integridad personal y las garantías judiciales de los detenidos».
El tribunal recordó que en casos anteriores, Díaz Peña Vs. Venezuela y Guevara Rodríguez y otros Vs. Venezuela, ya había concluido que El Helicoide no cumple con los requisitos mínimos para el tratamiento digno de personas privadas de libertad, y que la permanencia en ese centro constituye por sí misma un trato violatorio del derecho a la integridad personal.
La sentencia también declaró la responsabilidad del Estado venezolano por los sufrimientos de la madre de la víctima, Jackeline Riera Pietri. Además del cierre del recinto, la Corte exigió a Venezuela reabrir la investigación penal de los hechos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en medios oficiales, adoptar un protocolo especializado para la investigación de torturas, crear un registro oficial de denuncias vinculadas al centro y pagar las compensaciones fijadas por rehabilitación y daños materiales e inmateriales.
El fallo determinó que Venezuela violó múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Una condena que llega décadas tarde para Rojas Riera, pero que la historia de Venezuela no podrá ignorar.
