La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha denunciado el «traslado arbitrario» de 12 presos políticos que estaban secuestrados en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una acción que se teme sea para «desmantelar» el campamento donde han pernoctado familiares de los secuestrados a la espera de las liberaciones.
«Necesitamos apoyo, unir fuerzas, para poder lograr la liberación de nuestros familiares. Necesitamos que Zona 7 se llene de familias», manifestaron los parientes, quienes consideraron a los detenidos como inocentes.
La ONG indicó que 11 de los 12 presos políticos «habrían sido llevados al penal de Yare y una mujer trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF)», también en Miranda.
Además, apuntó que los familiares «temen que funcionarios de orden público reciban órdenes de desmantelar el campamento en el que continúan pernoctando las familias» y desestimar «las razones legítimas de su protesta pacífica» al argumentar que «no pueden permanecer en la zona», dado que sus seres queridos ya no se encuentran en esta estación policial.
Con información de Alberto News
El fin de semana al menos 25 personas fueron excarceladas de Zona 7, informó el CLIPP, que subrayó entonces que quedaba un grupo de presos políticos acusados de presuntamente planificar la colocación de explosivos en una plaza de Caracas con el objetivo de cometer «actos terroristas».
Al menos 15 personas fueron detenidas por este caso, informó en agosto de 2025 el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien vinculó entonces a la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, y a Estados Unidos con este presunto plan.
La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el 2 de marzo, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.
