Organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes la desaparición forzada del activista social y defensor de derechos humanos Pedro Hernández, ocurrido en la tarde del 16 de septiembre en Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy. Hernández, director general de la ONG Campo —dedicada a la defensa de campesinos y trabajadores rurales—, fue interceptado por sujetos encapuchados y armados, presuntamente funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Desde entonces, su paradero es desconocido, sin información oficial sobre su detención, configurando un crimen de lesa humanidad que el régimen de Nicolás Maduro usa para silenciar a quienes exponen la miseria y la corrupción chavista.
Testigos relataron a Caleidoscopio Humano que Hernández fue secuestrado en su localidad natal, donde ha denunciado acoso judicial desde 2020 por su labor en defensa de derechos campesinos. Como cofundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú y miembro del Movimiento Vinotinto en Lara, Hernández se había alejado de la política activa para enfocarse en su familia, pero su activismo rural lo convirtió en objetivo. Realidad Helicoide calificó el secuestro como “terrorismo de Estado donde nadie está a salvo”, y Clippve alertó sobre el aumento de desapariciones forzadas en un contexto de presión internacional contra Maduro.
La familia y aliados exigen su aparición con vida y libertad inmediata, recordando que Hernández, de 40 años, es un defensor incansable de los derechos rurales en un estado azotado por la crisis. Esta desaparición se suma a un patrón: Foro Penal reporta 823 presos políticos, con 45 en desaparición forzada, incluyendo 100 mujeres y 91 extranjeros. Amnistía Internacional denuncia 15 casos entre julio de 2024 y junio de 2025, con traslados arbitrarios a Yare II como tortura. La Misión de la ONU califica estas prácticas como crímenes sistemáticos, con la CPI investigando el caso Venezuela I.
