El régimen de Nicolás Maduro ha arreciado la represión contra sindicalistas y la sociedad civil en Venezuela, con dos detenciones arbitrarias en menos de 48 horas que elevan la alarma por violaciones de derechos humanos. Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, fue arrestado la noche del 14 de agosto de 2025 en su vivienda en Turmero, por funcionarios desconocidos que no presentaron orden judicial y confiscaron pertenencias. Un día antes, la abogada Rusbelia Astudillo, defensora de jubilados, fue detenida en Caracas.
Estas acciones, denunciadas por organizaciones como La Hora de Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga, ocurren mientras Maduro llama a “trascender” el sindicalismo tradicional, en un discurso que oculta la represión contra reclamos salariales y laborales.
Campero, líder sindical del sector educativo, fue sacado de su hogar por agentes sin identificación, dejando a su familia sin información sobre su paradero.
“Es una represión inaudita que abarca a todos los sectores”, afirmó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de la UCV, durante una protesta en Caracas el 14 de agosto.
José Elías Torres, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunció una “satanización” contra los trabajadores por exigir derechos, violando el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical.
Astudillo, integrante de la Federación de Jubilados y Pensionados, fue arrestada el 13 de agosto tras documentar abusos. Su detención, calificada como “arbitraria” por la Fuerza Nacional de Trabajadores, refleja un patrón de represión que incluye desapariciones forzadas de corta duración y cobros ilegales en reclusión.
Represión sistemática: Al menos nueve sindicalistas detenidos desde marzo
Desde marzo de 2025, al menos nueve sindicalistas han sido detenidos, sin contar los casos recientes, según la CTV. Representan sectores como salud, educación, siderurgia y petróleo, acusados de “incitación al odio” y “asociación para delinquir”. Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló que estas detenciones reproducen patrones contra la sociedad civil: desapariciones forzadas, restricciones a abogados y visitas familiares.
La represión se intensifica mientras el salario mínimo equivale a menos de un dólar, y los jubilados reclaman pagos dignos.
“No nos rendimos, vamos con las herramientas que tenemos: la institucionalidad”, sostuvo Torres.
Organizaciones internacionales como la OIT y CIDH han recibido denuncias, pero los procesos son lentos.
Horas antes de estas detenciones, organizaciones celebraron la excarcelación de Martha Lía Grajales, pero la represión no cesa.
“Es terrorismo de Estado para neutralizar reclamos populares”, denunció el PCV, convocando a una marcha el 14 de agosto frente a la Defensoría del Pueblo.
