Abogados y familiares de los imputados en el caso Pdvsa-Cripto se concentraron este jueves 5 de junio a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas para denunciar una serie de irregularidades en el juicio por el desfalco millonario contra la estatal petrolera, que mantiene detenidas a más de 60 personas, entre ellas el exministro del Petróleo Tareck El Aissami.
El abogado Jeset García, defensor del exsuperintendente nacional de criptoactivos Joselit Ramírez, leyó ante las puertas de los tribunales un resumen de lo que la defensa considera graves violaciones constitucionales, procesales y de derechos humanos: detenciones arbitrarias, falta de acceso oportuno a los expedientes, incumplimiento de lapsos procesales y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos.
«Nuestros representados se encuentran privados judicialmente de su libertad por un tiempo superior a los tres años, sin que haya recaído sobre su persona sentencia alguna, violando el tiempo máximo de duración de la medida de coerción personal. Superar este umbral sin una justificación constitucional válida y sin un debate limpio configura un evidente decaimiento de la medida», señaló García.
Audiencias telemáticas y traslados sin orden judicial
El proceso entró en fase de reactivación a mediados de abril, tres años después del escándalo que derivó en la renuncia de El Aissami al Ministerio del Petróleo. En 2023, el Ministerio Público anunció investigaciones por «graves hechos de corrupción» en la estatal que implicaron un desfalco superior a los 5.550 millones de dólares.
García cuestionó que, luego de más de 16 audiencias presenciales, se pretenda continuar el juicio oral por vía telemática, en contravención con el Código Orgánico Procesal Penal. Familiares aseguraron que ni la propia jueza del caso está de acuerdo con el cambio de modalidad, y que la finalidad real es impedir que detenidos de alto perfil como El Aissami o el supuesto testaferro Samark López Bello continúen haciendo señalamientos de corrupción contra el entorno del régimen
El abogado también denunció traslados arbitrarios desde El Helicoide sin orden del tribunal ni solicitud de los imputados. «Esto evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país», afirmó.
Según los familiares, tras el reciente cierre de El Helicoide fueron enviados al Rodeo I: Roger Perdomo, Rafael Perdomo, Manuel Meneses, Jesús Méndez, Felipe Contreras, Pedro Maldonado, Daniel Prieto, Jairo Lino y los hermanos Juan Manuel, Jorge Luis y Carlos Jesús Almeida Morgado. A Yare II fueron trasladados Yamil Alejandro Martínez, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Juan Carlos Moreno, Renny Barrientos, Rajiv Mosquera y otros implicados en el caso.
«Metieron en un mismo saco a funcionarios, empresarios y hasta a los choferes»
Uno de los reclamos más contundentes de la concentración fue la equiparación de responsabilidades entre exaltos funcionarios y personas que simplemente trabajaban como empleados o choferes de algunos de los implicados, a quienes se les imputan los mismos delitos: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Mariana Parra, esposa del banquero Carmelo De Grazia y cuñada de Daniel y Levin De Grazia, antiguos dueños de Bancamiga, fue directa al exponer la situación de su familia. Aseguró que sus familiares son inocentes y que ni siquiera conocen personalmente a El Aissami, pero enfrentan los mismos cargos que el exministro.
«Metieron en un mismo saco a funcionarios públicos con empresarios y hasta a los choferes les están imputando los mismos delitos, los acusaron sin pruebas. Esos casos deben ser separados y esta petición no se atiende», denunció.
Parra también reveló que su esposo y Daniel De Grazia han perdido alrededor de 25 kilos durante su reclusión en el Rodeo I, que fueron víctimas de desaparición forzada durante cinco meses antes de poder comunicarse con sus familias a través de cartas, y que Carmelo De Grazia fue torturado en las instalaciones de la Dgcim en Boleita.
«Mi esposo fue torturado en las cámaras de frío en el Dgcim, donde te encierran como si fuera una tumba. Tenía que hacer sus necesidades ahí y pasaba hambre», relató.
A su juicio, el giro del caso responde a una razón política: «Como los detenidos están hablando, el caso se les empasteló a las autoridades y ahora los quieren callar».
