Alberto Rafael Solarte Cabrera murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro de Formación del Hombre Nuevo «Doctor Francisco Delgado», conocido como la antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia. Con su muerte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabiliza 19 personas privadas de libertad fallecidas en distintos centros penitenciarios del país desde abril de 2026.
El OVP detalló que las muertes se han registrado en recintos como Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III y IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III. Un mapa del abandono estatal que se extiende por todo el territorio nacional.
«En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado», señaló la organización.
Con información de Efecto Cocuyo
Un patrón documentado
Las cifras no son nuevas. Según el Informe Anual 2025 del OVP, el 95,57% de las muertes bajo custodia estuvieron asociadas a la falta de asistencia médica oportuna. Las fallas se repiten: ausencia de diagnósticos a tiempo, escasez de medicamentos, condiciones sanitarias inadecuadas y demoras en traslados hospitalarios que en muchos casos se convierten en condenas de muerte.
El OVP recordó que las personas bajo custodia estatal tienen derecho a recibir protección y atención médica adecuada, tal como establecen las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y el artículo 83 de la Constitución venezolana, que reconoce la salud como derecho fundamental.
La organización apuntó directamente a la Defensoría del Pueblo recordándole sus atribuciones constitucionales para investigar denuncias, inspeccionar centros penitenciarios e interponer acciones ante violaciones de derechos humanos.
«¿Quién está velando por el derecho a la salud de las personas privadas de libertad?», preguntó el Observatorio, que exige una investigación inmediata sobre la muerte de Solarte Cabrera y medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria en los recintos penitenciarios del país.
Una pregunta que, a juzgar por el conteo, nadie en el régimen venezolano tiene intención de responder.
