La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y Chantal Niulany Guillén, de 21, permanecen detenidas arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro tras la liberación, el 8 de septiembre, de dos miembros de la familia Guillén: un adolescente de 17 años y una niña de 2 años. La detención, ocurrida entre el 4 y 5 de septiembre en San Diego, Carabobo, refleja un patrón sistemático de persecución y violaciones de derechos humanos contra familiares de opositores, calificado como “terrorismo de Estado”.
El 4 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron sin orden judicial en la vivienda de la familia Guillén en Paso Real, arrestando a Miriam y su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra. Al día siguiente, Miguel fue obligado a contactar a su hermana Chantal, quien acudió con su hija Nicole de Los Ángeles Palermo, de 2 años, a la sede de la PNB en La Esmeralda, donde ambas fueron detenidas. Desde entonces, las autoridades negaron información sobre su paradero, configurando una desaparición forzada, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).
JEP condenó la detención de Miriam y Chantal: “Expone un patrón sistemático de vulneración de derechos, que afecta su integridad física, psicológica y familiar”. La persecución, según Efecto Cocuyo, buscaba a un familiar de los Guillén, evidenciando la táctica chavista de castigar a familias para silenciar a opositores.
Vente Venezuela denunció este acto como un caso de Sippenhaft, un método nazi de castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional. Edmundo González Urrutia, líder opositor, calificó la detención de la niña como “barbarie”.
Crímenes de lesa humanidad: La maquinaria represiva del régimen
La liberación del adolescente y la niña es un alivio parcial, pero la detención de Miriam, una adulta mayor, y Chantal, una joven madre, es una “afrenta a la dignidad humana”, según JEP. La Misión de la ONU ha documentado este patrón de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, con 1.061 presos políticos reportados por Foro Penal al 26 de agosto.
Este caso se suma a la represión contra Vente Venezuela, con detenciones como la de Jesús Castillo y Julio Velazco, padre de un activista. Mientras el régimen de Maduro enfrenta presión internacional por el Cártel de los Soles, denunciado por EE. UU. y Perú, intensifica su maquinaria represiva para sofocar la resistencia liderada por figuras como María Corina Machado.
CLIPPVE y JEP exigen información inmediata sobre el paradero y estado de Miriam y Chantal, garantías de seguridad y respeto a sus derechos conforme a tratados internacionales.
