El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció en X la detención de una madre y su hija de apenas 2 años, calificando el acto como «barbarie». «Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas 2 años. Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie», escribió González Urrutia, refiriéndose al caso de la familia Guillén en Carabobo.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) emitió una denuncia urgente sobre la detención arbitraria y desaparición forzada de cuatro miembros de la familia Guillén, incluyendo a la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo, de 2 años.
Según el comunicado, el 4 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia en Paso Real y se llevaron a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal Niulany Guillén, de 21 años, para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda. Ella se presentó junto a su hija Nicole, y ambas quedaron igualmente detenidas sin justificación alguna.
Desde entonces, los funcionarios niegan el paradero de los cuatro miembros de la familia, impidiendo toda comunicación con ellos y negando información oficial sobre el lugar de detención o su estado de salud. Este patrón, según CLIPPVE, cumple con los elementos de una desaparición forzada, prohibida por la Constitución venezolana y por el derecho internacional. La detención y desaparición de una niña de dos años, junto a su madre, su hermano adolescente y su abuela, constituye una violación aberrante que evidencia la práctica sistemática de represalias contra familiares (Sippenhaft), método de persecución política que busca sembrar miedo en la sociedad.
CLIPPVE exigió al régimen madurista informar de manera inmediata el paradero de Miriam, Miguel, Chantal y la bebé Nicole, garantizar su vida, integridad física, psicológica y emocional, permitir acceso inmediato a familiares, abogados de confianza y atención médica, y proceder a su liberación inmediata e incondicional. Además, recordó que la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado.
La organización llamó a la comunidad internacional y a los organismos de Naciones Unidas, especialmente a UNICEF, a documentar y pronunciarse sobre este hecho, a fin de resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la LOPNNA. También instó a la sociedad venezolana a condenar con firmeza este crimen, que viola cualquier estándar de legalidad y humanidad, y que refleja el nivel de crueldad de un sistema que desprecia la vida y la dignidad humana.
