El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha denunciado nuevamente la desaparición forzada de su yerno, Rafael Tudares, en un pronunciamiento público realizado con motivo de su cumpleaños, una fecha en que su familia no puede celebrar debido que continúa sin conocerse su paradero.
El mandatario electo señaló esta situación a través de una publicación en su cuenta de la red social X, indicando que la desaparición forzada es una violación grave y continuada del derecho internacional de los Derechos Humanos, prohibida de manera absoluta, además subrayó que esta situación priva a la familia no solo del contacto, sino del ejercicio de los derechos fundamentales.
“El hecho de que hoy Rafael cumpla años y que su familia no pueda felicitarlo ni saber dónde está evidencia la dimensión humana de una práctica que destruye vidas y quebranta el Estado de derecho”, indicó el presidente electo.
González Urrutia explicó que Rafael Tudares es padre, esposo, hijo y ciudadano, y que su caso no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un patrón sistemático de desapariciones forzadas, acompañado de procesos judiciales sin garantías, utilizados como mecanismos de persecución política.
Con información de Monitoreamos
Recordó que Tudares no ha sido presentado ante un juez independiente, no ha podido ejercer su derecho a la defensa y que no existe información oficial sobre su situación o ubicación, lo que invalida cualquier procedimiento atribuido a autoridades carentes de independencia judicial y configura una negación absoluta del debido proceso.
El presidente electo reiteró que la desaparición forzada es un crimen de carácter continuado, cuya gravedad se agrava mientras persista la negativa a informar sobre la suerte o el paradero de la víctima, y que produce un daño profundo y permanente tanto a las familias como a la sociedad.
Finalmente, González Urrutia afirmó que exigir la aparición con vida de Rafael Tudares y la restitución plena de sus derechos no es una posición política, sino una exigencia fundada en obligaciones jurídicas internacionales, y recalcó que “ningún poder ilegítimo puede suspender la dignidad humana ni anular los derechos que le son inherentes”.
