En un claro ejemplo de la represión selectiva del régimen de Nicolás Maduro, la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales fue detenida arbitrariamente el viernes 8 de agosto de 2025, imputada el lunes 11 y excarcelada el martes 12 bajo medidas cautelares, tras una ola de presión social y denuncias internacionales.
Grajales, cofundadora de la ONG SurGentes y exmilitante chavista que se distanció del régimen por sus violaciones sistemáticas, participó en una protesta frente a la sede del PNUD en Caracas para exigir la liberación de presos políticos. Horas después, fue secuestrada por agentes del régimen, incomunicada durante más de 60 horas y trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Su excarcelación, confirmada por su esposo Antonio González Plessmann alrededor de las 9:00 p.m. del martes, no anula el proceso judicial por delitos graves como incitación al odio, conspiración y asociación, cargos que conllevan la pena máxima en Venezuela.
La defensora, quien ha acompañado a las madres de presos políticos en vigilias como la atacada por colectivos paramilitares el 5 de agosto frente al TSJ, repudió públicamente esa agresión e intentó denunciarla ante la Fiscalía, sin éxito. En cambio, el régimen la utilizó para fabricar un montaje judicial, basado en un “ciberpatrullaje” a la web de SurGentes, interpretando su documentación de protestas como intentos de desestabilización.
“Esto es una muestra del estado de terror que Maduro busca imponer”, denunció el Partido Comunista de Venezuela (PCV), sumándose a las exigencias de libertad plena.
Un montaje judicial en tiempo récord
El procesamiento exprés de Grajales refleja la arbitrariedad del sistema judicial venezolano, subordinado al Ejecutivo. Detenida el viernes tras la protesta, su paradero fue desconocido hasta el lunes, cuando el fiscal general del régimen, Tarek William Saab anunció la imputación en una audiencia telemática y privada, violando el debido proceso. La activista, de doble nacionalidad colombiana-venezolana, fue acusada sin pruebas concretas, un patrón recurrente en la represión postelectoral de 2024, que ha dejado 807 presos políticos según Foro Penal, incluyendo 95 mujeres y 4 adolescentes.
Su esposo confirmó una breve comunicación telefónica el domingo 10, donde Grajales envió un mensaje de resistencia: “Mandó fuerza para la lucha, está convencida de que la defensa de los derechos humanos es una causa justa”. Organizaciones como Provea y el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos celebraron la excarcelación, pero alertaron que las medidas cautelares —como presentación periódica y prohibición de salida del país— mantienen la persecución.
“Nunca debió estar detenida”, coincidieron activistas en redes, destacando que su pasado chavista no la protegió de la venganza del régimen.
La presión social como factor clave
La excarcelación de Grajales, atribuida por SurGentes a la “presión social”, resalta el impacto de la movilización ciudadana en un régimen que usa detenciones arbitrarias para silenciar disidentes. La activista, quien documenta abusos laborales y apoya a familiares de presos políticos, se suma a casos como el de Andreina y Margareth Baduel, hostigadas por agentes de la DGCIM. La CIDH, que otorgó medidas cautelares a Grajales en junio de 2025, condenó su detención como un riesgo irreparable, mientras Amnistía Internacional documentó 15 desapariciones forzadas en el último año, muchas sin resolver.
