Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, enfrenta una denuncia formal en México presentada por el senador Alejandro Moreno, presidente del PRI, ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de 2025.
Moreno acusa a Maduro de delincuencia organizada, delitos contra la salud y vínculos con cárteles mexicanos y políticos de Morena, exigiendo que responda ante la justicia. Esta acción ocurre pese a la negación de la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de agosto de que existan pruebas de nexos entre Maduro y el Cártel de Sinaloa, como alega EE. UU.
Paralelamente, la fiscal general estadounidense Pam Bondi duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, calificándolo como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y anunciando la incautación de 700 millones en activos vinculados a él.
Moreno, en un mensaje en X, afirmó: “Denuncié ante la FGR al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena”. La denuncia se basa en disposiciones constitucionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando desmantelar lo que Moreno llama “narcopolítica” en América Latina.
Sheinbaum rechazó las acusaciones de EE. UU., afirmando que México carece de evidencia sobre la supuesta alianza de Maduro con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la presión internacional crece: Bondi reveló en Fox News la incautación de activos como jets privados, mansiones en Florida y República Dominicana, y 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro, siete de ellas directamente a él.
“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”, dijo Bondi.
Maduro: Un narcoestado bajo escrutinio
El régimen de Maduro ha calificado las acusaciones de “patética cortina de humo”. El canciller Yván Gil respondió: “Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, acusando a Bondi de distraer de escándalos internos como el caso Epstein. Maduro, indiciado por narcoterrorismo desde 2020, lidera el Cártel de los Soles, según EE. UU., que lo designó organización terrorista en julio de 2025.
Marco Rubio respaldó la ofensiva: “No podemos tratarlos como pandillas locales; controlan territorios con armamento de ejércitos”. La directiva de Trump autoriza fuerza militar contra carteles como el de Maduro, que trafica fentanilo y colabora con el Tren de Aragua y Sinaloa.
En Venezuela, la represión persiste: Foro Penal reporta 807 presos políticos, con casos como Martha Lía Grajales, excarcelada tras detención arbitraria. La CIDH denuncia un “clima de miedo” con 15 desapariciones forzadas.
