En julio de 2025, el régimen de Nicolás Maduro escaló su ataque contra la libertad de expresión en Venezuela, con 18 violaciones documentadas por la ONG Espacio Público, según su informe publicado el 5 de agosto. Este mes se convirtió en el tercero con más casos en lo que va del año, reflejando un patrón sistemático de represión que asfixia a periodistas, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. Los cuerpos de seguridad, responsables del 61,54% de los casos, junto con instituciones como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), lideran esta ofensiva contra la verdad y la democracia, especialmente en plataformas digitales y estados como Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital.
La intimidación fue la principal forma de violación, representando el 61,11% de los casos, seguida por censura, hostigamiento judicial y verbal. Los periodistas, con un 66% de las víctimas, enfrentan un entorno hostil donde la libertad de prensa es prácticamente inexistente.
“El régimen busca silenciar cualquier voz disidente para consolidar su control autoritario”, afirmó Espacio Público en su sitio web.
Cierre de medios y detenciones arbitrarias
Un caso emblemático fue el cierre del canal zuliano Telecolor, ordenado por Conatel. Efectivos militares irrumpieron en la planta televisiva, confiscaron equipos y clausuraron la estación, un acto que Espacio Público calificó como un “ataque directo a la libertad de expresión”. Esta acción refleja el control que el régimen ejerce sobre los medios, utilizando a Conatel para censurar sin debido proceso, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Las detenciones arbitrarias también marcaron el mes. Génesis Pabón y Rocío Rodríguez, dos jóvenes merideñas, fueron condenadas a 10 años de prisión por estampar franelas alusivas a protestas postelectorales de 2024, un castigo desproporcionado que evidencia el uso del sistema judicial para reprimir. Igualmente, Ángel Godoy, articulista de Punto de Corte, cumplió seis meses detenido bajo cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”, mientras que Simón Bolívar Obregón, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, fue arrestado el 18 de julio sin garantías procesales.
Restricciones en elecciones y salud de periodistas
Durante las elecciones municipales del 27 de julio, periodistas en Aragua, Zulia, Lara, Bolívar, Cojedes y Nueva Esparta enfrentaron restricciones para cubrir los comicios, desde prohibiciones de acceso a centros de votación hasta agresiones directas. Estas acciones buscan limitar la transparencia electoral y ocultar irregularidades, según denunció Espacio Público.
La salud de los periodistas presos también preocupa. Familiares de Víctor Ugas y José Gregorio Camero exigieron atención médica urgente. Aunque Camero fue excarcelado junto a 80 presos políticos, su caso refleja la “puerta giratoria” del régimen: libera a algunos mientras detiene a otros, como señaló Human Rights Watch.
La escalada represiva del régimen de Maduro, respaldada por un marco legal que restringe derechos fundamentales, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, pone en jaque la democracia venezolana. La comunidad internacional debe actuar para sancionar estas violaciones y apoyar la lucha por la libertad de expresión, un pilar esencial para la verdad y la justicia en Venezuela.
