La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el 19 de agosto de 2025 que Estados Unidos está preparado para «usar todo su poder» para frenar el flujo de drogas desde Venezuela, tras el despliegue de tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson) con 4,000 efectivos en el sur del Mar Caribe.
En una rueda de prensa, Leavitt enfatizó que Donald Trump busca «llevar a los responsables ante la justicia», calificando al régimen de Nicolás Maduro no como un gobierno legítimo, sino como un «cartel del narcotráfico» cuyo líder es un «fugitivo» acusado de traficar drogas a EE. UU. Este despliegue, que incluye un submarino nuclear, aviones P-8 Poseidon y barcos con misiles, responde a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, con Maduro como cabecilla, y busca desmantelar redes que causan 100,000 muertes anuales por fentanilo en EE. UU.
Las declaraciones de Leavitt forman parte de una estrategia más amplia delineada por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien redefinió el papel del ejército para incluir el sellado de fronteras contra «invasiones, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales».
Esta misión, que podría durar meses, no solo se centra en inteligencia y vigilancia, sino también en posibles ataques selectivos, según confirmaron fuentes anónimas a Reuters. La presencia de estos activos cerca de las aguas venezolanas aumenta la presión sobre Maduro, quien enfrenta una recompensa de 50 millones de dólares y acusaciones internacionales de liderar un narcoestado.
Respuesta de Maduro: Desafío y paranoia
Maduro respondió con desafío, prometiendo defender «nuestros mares, cielos y tierras» contra una «amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia». Su régimen, bajo fuego por traficar 250 toneladas de cocaína anualmente, ordenó armar a 4,5 millones de milicianos y prohibió drones para controlar la disidencia. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López desestimaron las acusaciones como «mentiras», pero la realidad es cruda: Pam Bondi reveló incautaciones de 700 millones de dólares en activos de Maduro, incluyendo jets y mansiones, mientras Marco Rubio etiquetó al régimen como una «empresa criminal».
Gustavo Petro, presidente de Colombia, advirtió que una invasión convertiría a Venezuela en «otra Siria», arrastrando a Colombia al conflicto. Sin embargo, analistas como Antonio de la Cruz de Inter American Trends argumentan que el ejército colombiano no defendería a Maduro, y sectores dentro del propio ejército venezolano están listos para su salida. La presencia de un submarino nuclear clase Virginia, según @orlvndoa en X, eleva las apuestas, sugiriendo un potencial ataque directo que podría devastar la región.
La Corte Penal Internacional (CPI), con el caso Venezuela I ahora bajo el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang tras la recusación de Karim Khan, está lista para acelerar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
