La ONG Foro Penal denunció que 823 personas están detenidas en Venezuela por motivos políticos, un aumento de siete casos desde finales de agosto, cuando se reportaron 816 presos. Según el informe publicado en X, con corte al 8 de septiembre, 723 son hombres, 100 mujeres, 653 civiles, 170 militares y cuatro adolescentes, incluyendo 91 extranjeros. Estas detenciones, calificadas como crímenes de lesa humanidad por la ONU, reflejan la escalada represiva del régimen de Nicolás Maduro tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.
La mayoría de los arrestos ocurrieron postelectorales, tras la proclamación de Maduro como ganador por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, pese a las denuncias de fraude de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Foro Penal reporta 18.486 detenciones políticas desde 2014, con 45 personas en paradero desconocido, configurando desapariciones forzadas.
“El régimen insiste en que no hay presos políticos, solo delincuentes, pero estas detenciones son una herramienta de represión contra la disidencia”, afirmó Alfredo Romero, director de Foro Penal, en un reciente programa de Esto es América.
Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab niegan estas acusaciones, pero ONG como Provea y líderes como María Corina Machado rechazan esta narrativa, exigiendo justicia.
Entre los casos más graves están los de Miriam Fernández (72 años) y Chantal Guillén (21 años), detenidas arbitrariamente en Carabobo, y presos como Josnars Baduel, torturado en El Rodeo I. La Misión de la ONU ha documentado torturas, aislamiento y negación de medicinas como prácticas sistemáticas del régimen.
La resistencia frente a la tiranía: Un llamado a la acción global
Foro Penal destaca que solo 156 de los 823 presos tienen condena, mientras 667 permanecen sin sentencia, evidenciando la falta de debido proceso. La represión se intensifica ante la presión internacional, como el cerco naval de EE. UU. contra el Cártel de los Soles, señalado como liderado por Maduro. Países como Perú y República Dominicana han declarado a esta red como terrorista, sumándose a la ofensiva.
La liberación de 15 españoles en 2024-2025, anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, contrasta con la inacción frente a los 91 extranjeros aún detenidos, incluyendo colombianos y vascos acusados de complots. Tamara Suju, activista de derechos humanos, denunció torturas en Yare III y el Fuerte Tiuna, señalando a responsables como el capitán Gutiérrez.
