La ONG Foro Penal confirmó este jueves que actualmente 89 personas con nacionalidades extranjeras, incluyendo venezolanos con doble ciudadanía, son considerados presos políticos en Venezuela. Entre ellos se encuentran el ciudadano francés Camilo Castro, detenido el 26 de junio en Paraguachón, frontera con Colombia, y el polaco Sergiy Rudavskyy, arrestado el 7 de enero mientras se dirigía a la isla de Margarita en un barco privado.
Según Alfredo Romero, director de Foro Penal, estos casos forman parte de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para utilizar a extranjeros como «moneda de cambio» en negociaciones internacionales y reforzar narrativas de conspiraciones globales. Amnistía Internacional alertó en julio sobre esta práctica, calificándola de «diplomacia de rehenes», una grave violación del derecho internacional. La mayoría de estos presos políticos extranjeros se encuentran en la cárcel El Rodeo I, conocida por sus condiciones inhumanas y denunciada como centro de tortura, según la organización.
Entre los detenidos figuran ciudadanos de España, Colombia, Uruguay, Ucrania y Francia, utilizados por el régimen para justificar su retórica de amenazas externas. Esta situación se agrava en un contexto donde el régimen de Maduro niega la existencia de presos políticos, afirmando que los encarcelados lo están por «terribles hechos punibles».
Escalada de tensiones y advertencias internacionales
La detención de extranjeros ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras el anuncio de Donald Trump de enviar buques militares al Caribe para combatir el tráfico de drogas, liderado por el Cartel de los Soles, del cual Maduro es acusado de ser jefe.
La Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela (VAU), operando desde Bogotá, reiteró este jueves su advertencia a ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en Venezuela debido a «graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles».
Esta advertencia, actualizada en mayo de 2025, refleja la preocupación internacional por la seguridad de extranjeros en Venezuela, especialmente tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global y la duplicación de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares. El régimen de Maduro responde con retórica belicista, ordenando armar a 4,5 millones de milicianos y prohibiendo drones, mientras agentes del Sebin y la Dgcim vigilan Caracas en discreción.
