(Fuente: EFE / Infobae) La ONG Fundaredes, a través de su observatorio medioambiental Proyecto EPA, ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro ha sido «complaciente» en la práctica de la minería ilegal.
«El Estado ha permitido que los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas”, en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar (sur), donde se produjo el reciente derrumbe.
La denuncia de Fundaredes
El Proyecto EPA ha asegurado que la minería ilegal en esta representa una grave amenaza para la reserva natural más importante de Venezuela y subrayó que “su práctica descontrolada conlleva a la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad”.
Con información de EFE
Estos impactos -insistió- “no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento, (…) además de someter a trabajos forzosos y esclavitud moderna a quienes laboran en esos espacios, vulnerando por omisión el derecho a la vida, el trabajo, la salud y seguridad personal”.
Este lunes, el dictador venezolano Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevar a cabo un plan de recuperación y reforestación en la zona donde se registró el colapso de la mina, ubicada dentro de un parque natural, afectada por la minería ilegal.
Asimismo, denunció que en la zona de La Paragua -cercana a la mina que colapsó- hay un “conjunto de irregularidades graves”, entre ellas “actuaciones corruptas de algunos funcionarios”, que se están investigando en un proceso que dirige “personalmente”, del que ofrecerá mayores detalles cuando tenga el informe.
En 2023, el régimen aplicó un plan de desalojo en la Amazonía venezolana que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, que no dan detalles sobre el destino de estas personas o si enfrentaron algún procedimiento legal tras la evacuación.
30 muertos
El alcalde del municipio venezolano Angostura, Yorgi Arciniega, reiteró el viernes que 30 personas, entre ellas 13 indígenas, fallecieron por el colapso de la mina en el estado amazónico Bolívar (sur, limítrofe con Brasil), lo que contradice el balance de las autoridades, que habla de 16 muertos.
“Hubo 17 muertos aquí en La Paragua y (otros) 13 difuntos indígenas que se quedaron en las localidades de las comunidades indígenas”, dijo a la agencia EFE el antichavista, que ya había reportado el miércoles la misma cantidad de decesos por este siniestro en la mina ilegal llamada ‘Bulla Loca’.
