La inesperada habilitación electoral de Henrique Capriles Radonski —dos veces candidato presidencial y exgobernador de Miranda— junto a su inclusión en la lista nacional de candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones del 25 de mayo, ha generado una fuerte tormenta política en el ya fragmentado escenario opositor venezolano.
Capriles aparece como cabeza de lista por la tarjeta Unión y Cambio, aprobada de manera expedita por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que hasta hace pocas semanas él mismo afirmaba estar inhabilitado arbitrariamente. Junto a él, también figuran antiguos dirigentes de Primero Justicia como Tomás Guanipa, Ángel Medina, Amelia Belisario y Pablo Pérez, en una alianza con Un Nuevo Tiempo (UNT), partido que también recibió luz verde del CNE.
Críticas, acusaciones y realpolitik
La reacción no se hizo esperar. Capriles y sus aliados han sido acusados de “traicionar” la unidad opositora y de legitimar un proceso electoral considerado ilegítimo por amplios sectores del país, tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024. La situación ha intensificado las críticas a UNT y a los sectores políticos que insisten en “colarse por las rendijas” del sistema electoral impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.
El politólogo Piero Trepiccione advirtió que este movimiento forma parte de la estrategia oficialista para dividir a la oposición, validar una narrativa de normalidad electoral y aislar a los liderazgos más confrontativos, como el de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia.
“El gobierno busca manejar una posverdad y dividir a la oposición. La participación de estos sectores es vista como un acto de entrega, como ocurrió con el ‘alacranato’ en el pasado”, explicó Trepiccione.
Por su parte, la consultora política Carmen Beatriz Fernández señala que la decisión de participar obedece a una interpretación pragmática del escenario:
“Ellos creen que Maduro se mantendrá en el poder por mucho tiempo y decidieron responder a la realpolitik. La disyuntiva que enfrentan muchos dirigentes es entre el exilio o la cárcel, y optan por negociar”.
División interna y costo político
La movida de Capriles ha tenido consecuencias inmediatas. Fue expulsado de Primero Justicia, partido que lo vio nacer políticamente, mientras que UNT ha sido blanco de crecientes señalamientos por supuestos pactos con Miraflores. Sin embargo, ambos sectores buscan consolidar una narrativa alternativa, donde argumentan que la participación electoral es una herramienta legítima para incrementar el costo del fraude y deslegitimar aún más al régimen.
A través de un mensaje en su canal de WhatsApp, Capriles reconoció que su decisión no es popular, pero la defendió como una manera de obligar al gobierno a simular democracia y exponerlo nuevamente al descrédito internacional.
¿Un nuevo impulso para María Corina Machado?
Paradójicamente, esta fragmentación también podría beneficiar a María Corina Machado, cuyo liderazgo fue afectado por la frustración tras el fraude del 28 de julio, pero que aún representa la figura más legítima y reconocida dentro y fuera del país.
“El descrédito de sectores como los que lideran Capriles y Rosales refuerza el liderazgo de Machado, siempre que ella mantenga su enfoque en los temas esenciales y no se enrede en ataques internos que desgasten su figura”, advirtió Trepiccione.
Machado y González Urrutia han dejado claro que no reconocen ningún proceso electoral posterior al 28 de julio hasta que se respete la voluntad popular que otorgó a González el triunfo como presidente electo.
¿Y la legitimidad del 25 de mayo?
Más allá de los actores, el proceso del 25 de mayo está cuestionado de origen. La lista nacional de 50 diputados —que ahora Capriles y otros buscan integrar— fue impuesta por el CNE en 2020 al margen de la Constitución, ampliando el número de escaños de 267 a 285 sin explicación clara. Esto, sumado a las restricciones a partidos como MAS, MPV, Puente o Unión y Progreso, refuerza la percepción de elecciones hechas a la medida del poder.
En ese contexto, analistas coinciden en que, salvo una participación ínfima, el sistema de adjudicación proporcional garantizará a Capriles, Rondón, González y Guanipa un asiento en el nuevo Parlamento, aunque la legitimidad de esa Asamblea esté profundamente erosionada.
¿Fractura definitiva o estrategia complementaria?
Para Fernández, más que una competencia por liderazgo, la estrategia de estos sectores puede tener la intención de morder parte del espacio ganado por Machado sin necesariamente desplazarla. Pero lamenta que el debate público se haya reducido a una discusión árida sobre votar o no votar, lo que rompe no solo la unidad opositora, sino también la conexión entre la Venezuela que resiste desde dentro y la que denuncia desde el exilio.
“La ruptura se da también entre quienes no se plantean el exilio y optan por sobrevivir políticamente dentro del país, y quienes desde fuera insisten en una línea de no participación”, concluyó.
En medio de este panorama convulso, la oposición venezolana se enfrenta a una nueva encrucijada: preservar su unidad en torno al mandato del 28 de julio, o seguir alimentando un juego político en el que, según coinciden los analistas, el principal beneficiado sigue siendo el régimen de Maduro.
