(Fuente: El Nacional) El dirigente político, profesor universitario y defensor de Derechos Humanos, Jesús Armas, ha cumplido siete meses secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, tiempo en el que no ha tenido contacto con su familia ni con sus abogados de confianza.
Armas ha permanecido en situación de desaparición forzada desde su secuestro. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado que también ha sido víctima de torturas, como asfixia con bolsa para obligarlo a incriminar a compañeros de su agrupación política.
Con información de El Nacional
Sin contacto ni garantías procesales
“La única señal que a veces recibimos es su ropa sucia. Eso no es justicia. Eso es tortura, contra él y contra nosotros como familia”, denunció Sairam Rivas, pareja de Armas, en un video difundido en redes sociales.
Rivas recordó que desde que fue detenido arbitrariamente, Armas ha estado en aislamiento total. “Quien diría que educar y defender una ciudad podría ser considerado un delito. No perdonan que es un líder dedicado, genuino y trabajador, que organizó a los caraqueños para algo tan legítimo como votar”, expresó.
Organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el caso de Armas se inscribe en un patrón de persecución contra líderes sociales, defensores de derechos y opositores en Venezuela.
Según el más reciente balance de ONG, en el país hay actualmente 927 personas consideradas presos políticos, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Arresto violento y denuncias de tortura contra Jesús Armas
Jesús Armas fue interceptado por agentes de seguridad del Estado cuando se encontraba en un café en Las Mercedes, en Caracas. Fue sacado abruptamente y trasladado en una camioneta, sin orden judicial ni explicación.
Posteriormente, su familia logró confirmar que estaba detenido en El Helicoide, tras varios días sin conocer su paradero.
Varias ONG, gobiernos extranjeros y partidos opositores han exigido su liberación inmediata, mientras sus allegados insisten en que su caso evidencia el uso del sistema judicial como herramienta para criminalizar la disidencia.
