Al menos 2.370,6 millones de dólares se necesitarán para reponer las viviendas destruidas o gravemente dañadas en las zonas afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio en La Guaira. La cifra proviene de un informe elaborado por la firma consultora Anova en colaboración con el Microsoft AI for Good Research Lab, y representa únicamente el costo de las estructuras habitacionales: no incluye servicios, infraestructura vial ni lo que cada familia perdió dentro de su hogar destruido.
El estudio trabajó con una población de 403.784 personas en siete parroquias del estado La Guaira donde se concentraron los daños, incluyendo la población flotante que se encontraba en la zona durante el feriado que terminó en tragedia. De ese total, 330.260 personas, el 81,8%, residían en edificaciones que no parecen haber sufrido daños observables. Esa, dentro de todo, sería la buena noticia.
Con información de El Estímulo / Periodista Oscar Medina
Los números que dimensionan la catástrofe
Las malas noticias abundan. El informe estima que 73.524 personas, el 18,2% del total, habitaban estructuras con algún nivel de daño. De ellas, 37.611, cerca de uno de cada 10 residentes de la franja costera analizada, vivían en estructuras con daño severo, daño estructural o colapso total: el segmento que hoy requiere refugios y soluciones habitacionales permanentes.
En términos de edificaciones, de un total de 38.798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, 4.958 presentan algún nivel de daño. De esas, 2.654, el 6,8% del stock total, quedaron gravemente comprometidas o destruidas.
Catia La Mar concentra el mayor volumen de daño: 3.449 de las 4.958 estructuras afectadas, cerca de 7 de cada 10, incluidas 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural. Caraballeda, en cambio, exhibe un perfil de mayor severidad, marcado por el colapso de edificios residenciales de altura.
Por qué pasó lo que pasó
El informe ofrece un análisis de los factores que explican la magnitud de la destrucción: la antigüedad del parque edificado, las deficiencias históricas en la aplicación de la norma sismorresistente venezolana, la presencia de edificios con planta baja libre o pisos blandos, conocidos por su alta vulnerabilidad sísmica, y más de una década de colapso económico que limitó drásticamente el mantenimiento preventivo de las edificaciones. A eso se sumaron los efectos de sitio derivados de los suelos blandos del litoral y la licuación sísmica documentada en la zona.
Anova extrae cuatro implicaciones de política de sus datos. La primera es de escala: la política habitacional posdesastre debe planificarse para un universo de alrededor de 37.600 personas en situación crítica, más un segundo grupo de unas 35.900 en estructuras con daño leve o moderado que requieren evaluación y reparación.
La segunda es territorial: la concentración del daño en Catia La Mar y la severidad del colapso en Caraballeda exigen respuestas diferenciadas, no soluciones homogéneas aplicadas desde Caracas.
La tercera es financiera y es la más urgente: «Necesidades de reposición en el orden de los 2.370,6 millones de dólares, en un solo estado y en un solo componente del capital físico, excede con holgura cualquier espacio fiscal disponible en el corto plazo, en un país que continúa sin acceso a los mercados internacionales de capital, con una deuda externa en situación de impago y con un mercado de seguros catastróficos prácticamente inexistente. La movilización de financiamiento multilateral será una condición necesaria».
La cuarta es institucional y apunta al largo plazo: la tragedia del 24 de junio volvió a evidenciar el costo de décadas de deterioro en la aplicación de normas sísmicas y en el mantenimiento del parque construido. «La reconstrucción de la línea costera de La Guaira debería ser la oportunidad para reconstruir mejor: actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente y crear un registro público de edificaciones y daños que sirva de base para la gestión de riesgo futuro en un país que, como recordó el doblete del 24J, está asentado sobre el borde activo de dos placas tectónicas».
