El proceso electoral pautado para el 25 de mayo en Venezuela —en el que se elegirán gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y representantes de Consejos Legislativos— se desarrolla bajo la mayor opacidad registrada en la historia reciente del país, según denuncian expertos y actores políticos.

El politólogo y especialista en procesos electorales Jesús Castellanos ha calificado estos comicios como “los menos transparentes” organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluso por debajo de elecciones polémicas como la constituyente de 2017 o el referendo del Esequibo en 2023. La elección ocurre en un contexto marcado por la ausencia de garantías, inhabilitaciones arbitrarias y creación exprés de partidos políticos, elementos que profundizan la crisis de legitimidad del Poder Electoral, actualmente secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.

Violación de la Ley Electoral: sin cronograma oficial

Una de las primeras irregularidades es que el cronograma oficial del proceso no ha sido publicado en Gaceta Electoral, como exige el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La junta directiva del CNE apenas ha aparecido públicamente en momentos clave, como el anuncio de las elecciones, la reprogramación de fechas y la recepción de postulaciones.

“Sin publicación oficial del cronograma, se vulneran gravemente los principios de transparencia, confiabilidad y eficiencia del Poder Electoral”, advirtió Castellanos.

Aunque se han realizado modificaciones a los lapsos de postulaciones y auditorías, estas se han informado tardíamente y por vías no oficiales, como redes sociales o declaraciones de actores políticos.

Auditorías a destiempo y limitadas

La auditoría del Registro Electoral, pautada para el 24 y 25 de marzo, se efectuó fuera de ese plazo, durante el período de postulaciones, según confirmó el diputado Bruno Gallo. En cuanto a la auditoría de las máquinas de votación, se hizo en solo dos días (14 y 15 de abril), un plazo significativamente más corto que en elecciones anteriores.

Esto vulnera la confianza sobre el sistema automatizado de votación, cuyo código fuente, datos y firma digital deberían ser verificados minuciosamente. Según documentos internos del propio CNE, esta auditoría es “una de las más importantes del proceso”.

Registro Electoral parcial y opaco

La única información disponible sobre el Registro Electoral definitivo provino de una columna de opinión del rector Conrado Pérez, publicada el 31 de marzo. Según los datos divulgados, el corte preliminar registra 21.603.544 electores, de los cuales más de 21 millones podrán votar por diputados, y 19,7 millones por gobernadores y legisladores regionales.

El propio rector informó que hubo 52 solicitudes para levantar inhabilitaciones políticas y 82 nuevas inhabilitaciones incorporadas al sistema, pero sin transparencia ni notificación previa a los afectados.

La opacidad también alcanza el ámbito digital. Partidos como Movimiento por Venezuela (MPV), Centrados, Unión y Progreso o Puente denunciaron haber sido bloqueados del sistema automatizado de postulaciones, a pesar de estar habilitados legalmente.

El caso de José Simón Calzadilla (MPV) es emblemático: fue inhabilitado sin notificación oficial, enterándose del hecho cuando su partido intentó inscribirlo como candidato.

Legalización exprés de nuevos partidos

El CNE también ha favorecido la creación de partidos de forma exprés, sin mecanismos de verificación pública. Uno de los más notorios es Unión y Cambio (Única), presuntamente asociado a Henrique Capriles, que fue legalizado tras el cierre del lapso de postulaciones y apareció estratégicamente ubicado en el tarjetón electoral.

“La legalización exprés de organizaciones se ha intensificado como mecanismo de confusión y fragmentación del voto opositor”, explicó Castellanos.

Entre los nuevos partidos avalados en 2024 también se encuentran Derecha Democrática Popular, Arepa Digital, Conde, Partido Futuro Venezuela, Partido Verde de Venezuela, Unión Nacional Electoral y Enamórate Venezuela.

Información a cuentagotas y mediante terceros

Muchos datos clave —como el número de electores por región, los cargos a elegir o la conformación del tarjetón— se han conocido a través de voceros externos al CNE, como el diputado Aníbal Sánchez, en lugar de ser comunicados institucionalmente por el ente comicial.

Esto demuestra la falta de institucionalidad del organismo electoral, que debería ser garante del acceso público y equitativo a la información electoral.