Un grupo de venezolanos detenidos en el centro de detención migratoria de Bluebonnet, Texas, vive con temor constante a ser deportado a El Salvador bajo una polémica interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La situación, revelada por una investigación de Reuters, ha despertado la preocupación de organizaciones de derechos humanos y ha provocado una suspensión temporal de deportaciones por parte de la Corte Suprema.
El lunes, 31 hombres formaron las letras “SOS” en el patio del centro mientras un dron de Reuters los fotografiaba desde el cielo, en señal de desesperación por su situación. La mayoría de ellos había recibido, días antes, una notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que los señalaba como miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana, y los calificaba como sujetos a deportación inmediata.
Familiares de siete de los detenidos afirmaron que no tienen vínculos con pandillas y que varios se negaron a firmar los documentos entregados por las autoridades. Uno de los casos más alarmantes fue el de Diover Millán, un joven de 24 años trabajador de la construcción, trasladado desde Georgia sin antecedentes penales documentados. Otro es Jeferson Escalona, de 19 años, exfuncionario policial en Venezuela, quien asegura haber sido confundido con un criminal por fotos suyas haciendo gestos comunes en su país.
La amenaza del CECOT
Los venezolanos podrían ser enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, la prisión de máxima seguridad que ha sido criticada internacionalmente por condiciones de hacinamiento y supuestas violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, al menos 137 venezolanos han sido transferidos allí bajo esta legislación impulsada por la administración Trump.
“Me dijo que cuando salió al campo, se sentó, miró al cielo y le pidió a Dios que lo sacara pronto de allí”, relató la esposa de Millán, quien teme por su seguridad.
Desde el fallido intento de deportación del 18 de abril —detenido por una orden de emergencia de la Corte Suprema— los detenidos viven en constante alerta, turnándose para dormir y vigilar si los agentes del ICE llegan para trasladarlos. La incertidumbre se suma a las condiciones precarias del centro, donde, según denuncias de los familiares, se les ofrece poca comida y algunos prefieren dormir para evitar el hambre.
El DHS y la versión oficial
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que “utiliza diversas estrategias para gestionar la capacidad, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las normas federales y el trato humano”. Sin embargo, durante una visita al dormitorio, un funcionario reconoció en una grabación que la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros anula cualquier proceso migratorio pendiente, lo que ha encendido las alarmas entre los defensores legales.
“¿Cómo me van a considerar enemigo extranjero si no tengo antecedentes en los tres países donde he vivido?”, cuestionó uno de los detenidos durante la visita del funcionario. La respuesta fue evasiva.
La defensa legal
Millán tiene una audiencia de asilo programada para el 1 de mayo. Sin embargo, si es deportado antes, su caso quedaría sin efecto. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros colectivos han intensificado esfuerzos para brindar representación legal a los detenidos antes de que la Corte Suprema levante la suspensión.
La política migratoria del expresidente Trump, ahora en su segundo mandato, ha revocado muchas de las protecciones temporales ofrecidas por la administración Biden a migrantes venezolanos, generando un clima de temor entre quienes huyeron del colapso económico y la represión política del régimen de Nicolás Maduro.
Desde organizaciones de derechos humanos se exige transparencia y garantías legales para todos los migrantes en centros de detención. “Esto no es solo una cuestión legal; es una cuestión de humanidad”, subrayó un portavoz de ACLU.
La historia de Millán, Escalona y decenas más sigue desarrollándose, mientras el reloj avanza hacia su posible deportación forzada a una prisión extranjera. Todo esto, bajo una ley de más de dos siglos que nunca imaginó ser usada para tales fines.
